Telefónica paga

LA COMPRA de Antena 3 Televisión por Telefónica es una decisión difícil de entender en clave empresarial, seguramente porque se trata de una operación política que nada tiene que ver con las reglas del mercado. La irrupción de la compañía que preside Juan Villalonga en el ámbito de las televisiones privadas introduce dosis abrumadoras de confusión en un mapa audiovisual que el Gobierno pretende controlar abusivamente a través de sus empresas amigas. La estrategia natural de Telefónica como empresa de telecomunicaciones ha sido alterada en beneficio de los intereses de Aznar, con la desahogada ...

LA COMPRA de Antena 3 Televisión por Telefónica es una decisión difícil de entender en clave empresarial, seguramente porque se trata de una operación política que nada tiene que ver con las reglas del mercado. La irrupción de la compañía que preside Juan Villalonga en el ámbito de las televisiones privadas introduce dosis abrumadoras de confusión en un mapa audiovisual que el Gobierno pretende controlar abusivamente a través de sus empresas amigas. La estrategia natural de Telefónica como empresa de telecomunicaciones ha sido alterada en beneficio de los intereses de Aznar, con la desahogada convicción de que serán los accionistas quienes paguen las eventuales pérdidas.Quienes saludan con alborozo esta operación -los columnistas de El Mundo coinciden de punta a cabo con el portavoz del Gobierno- harían bien en considerar aspectos que hacen de Telefónica una empresa peculiar, por mucho que se haya privatizado su capital. Para empezar, todavía es un monopolio en la telefonía básica. El Gobierno mantiene decisiones clave como la fijación de precios y no hay garantías de competencia transparente tras la adjudicación parcial de Retevisión a un consorcio liderado por la empresa pública Endesa.

La decisión de Villalonga contradice de manera flagrante sus propias declaraciones antes y después del último proceso de privatización. El presidente de Telefónica ha asegurado hasta la náusea que la estrategia de la empresa se basaba en desarrollar el grueso de su actividad en su hábitat natural de las telecomunicaciones, de forma que la televisión era una inversión marginal. De pronto las prioridades enunciadas parecen haber cambiado bruscamente por razones que sólo pueden explicarse en términos de rentabilidad política. A la inversión comprometida para desarrollar una plataforma digital que no termina de ver la luz se suma ahora el riesgo asumido en Antena 3 Televisión: cerca de 42.000 millones ahora (si se suma la participación en GMA) y otros 25.000 dentro de un año con la garantía de recompra ofrecida a los dos socios bancarios.

Pero si en términos empresariales Villalonga y sus mentores políticos han optado por la confusión y el todo vale, los bancos participantes en la operación se han visto encerrados a empellones en un callejón abiertamente contradictorio con las normas más elementales de la prudencia financiera. La presencia del BCH y el Santander ignora la cauta doctrina del Banco de España sobre participaciones de la banca en los medios de comunicación, un sector que se considera de alto riesgo. No están lejanos los días en los que Alfredo Sáenz, nombrado presidente de Banesto para salvar un banco arruinado entre otras cosas por su afición a controlar los medios de comunicación, anunciaba su deseo de que la entidad abandonara "ordenadamente" este sector. El presidente del Santander, Emilio Botín, ha hecho profesión pública de su voluntad de mantenerse fuera de los medios.

De las múltiples y contradictorias versiones facilitadas por los actores de la operación puede interpretarse fácilmente que los bancos aumentan su participación en el capital de Antena 3 a título de tenedores de las acciones. Telefónica ha aparcado el capital que la ley le impide contabilizar en dos instituciones financieras que habrían recibido garantías de recompra en posición ventajosa dentro de un año. De este aparcamiento temporal se desprende que Telefónica les ha asegurado una modificación de la ley que levantará las limitaciones actuales. He aquí que la estrecha connivencia o unidad de acción entre el Gobierno y su brazo económico, Telefónica, surge de nuevo para cuestionar la ridícula explicación del portavoz Rodríguez, que desvincula esta operación de la estrategia del Gabinete de Aznar.

Los tiempos han cambiado; hoy ya no es necesaria una participación en el capital para controlar y manipular una compañía y utilizar sus recursos como ariete para atacar las posiciones del adversario. Todas las piezas; del rompecabezas encajan a la perfección: una empresa que actúa en un mercado fuertemente intervenido, cuyo presidente debe su nombramiento al Gobierno, compra una televisión privada, en contra de cualquier criterio de rentabilidad, y consigue entrar en dos plataformas digitales, la propia y la competidora. ¿No constituye esto un abuso de posición dominante, cuando esa empresa tiene aún el monopolio de la telefonía básica y una concesión de cable en todo el territorio español? Quienes recuerdan que la Comisión Europea impidió el acuerdo entre Telefónica y PRISA para constituir la operadora Cablevisión (una empresa mixta de servicios), en razón de los derechos especiales de la primera, podrían aplicar este precedente y reconocer que la Comisión y el Tribunal de la Competencia deberían aplicar en este caso idéntica doctrina.

Este Gobierno no puede disimular su ávida tendencia al monopolio de hecho y al control de los medios. Si para imponer sus tesis tiene que poner en peligro la rentabilidad de una empresa, confundir a los bancos o ridiculizar a la sociedad defendiendo posiciones contrarías a la libre competencia ante la Comisión Europea lo hace sin pestañear. Barra libre, paga Telefónica.