Implicaciones del euro en el ámbito empresarial
Para analizar las implicaciones del euro en el ámbito empresarial hay que remontarse al Tratado de Maastricht, en el que se establece una definición de Unión Europea más próxima a sus ciudadanos y se implanta el principio de subsidiariedad. También se fija el proceso de la unión monetaria proponiendo una estrategia de integración económica basada en la estabilidad de precios que favorezca la competitividad e impulse el crecimiento de la economía europea, reforzando la cohesión económica y social con altos niveles de protección medioambiental.Desde entonces, la Unión Europea ha sorteado situaci...
Para analizar las implicaciones del euro en el ámbito empresarial hay que remontarse al Tratado de Maastricht, en el que se establece una definición de Unión Europea más próxima a sus ciudadanos y se implanta el principio de subsidiariedad. También se fija el proceso de la unión monetaria proponiendo una estrategia de integración económica basada en la estabilidad de precios que favorezca la competitividad e impulse el crecimiento de la economía europea, reforzando la cohesión económica y social con altos niveles de protección medioambiental.Desde entonces, la Unión Europea ha sorteado situaciones económicas difíciles como su positiva contribución a los resultados de la Ronda Uruguay, la resolución del Pacto Financiero de la Unión hasta 1999 (Paquete Delors II), la ampliación de tres nuevos miembros (Austria, Finlandia y Suecia), la victoria de los socialistas en Francia con el programa de Jospin y el enfrentamiento entre el Gobierno alemán y el Bundesbank.
Actualmente, todos los debates se centran en la posible puesta en marcha del euro y los países que integrarán la Unión Monetaria, pero no hemos de olvidar el otro reto que tiene la Unión Europea y que es su ampliación a los países del este de Europa.
En este momento, nueve países han presentado su petición formal de incorporarse a la Unión. Europea (Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Letonia, Estonia y Lituania), cuyas expectativas económicas son muy inferiores. a los actuales miembros. De todos, la mejor posición es la de Eslovenia, que tiene una riqueza del 50% con respecto a la comunitaria, y comparable, por ejemplo, a Andalucía. Esta situación puede comportar muchas tensiones en la asignación de los fondos estructurales que, fundamentalmente, afectará a los países del sur por la reforma de las perspectivas financieras que implicará.
En relación a la Unión Monetaria, habría. que tener en cuenta, además de los cuatro criterios para su implantación (finanzas públicas saneadas, estabilidad de precios, convergencia de tipos de interés y estabilidad de tipos de cambio), los ámbitos de acción prioritaria que estableció el Grupo Ciampi en el informe encargado por el Consejo Europeo de Essen a un grupo de expertos para analizar el estado de la competitividad europea, y que son:
- Reforma de las infraestructuras y los servicios públicos.
- Políticas en favor del desarrollo empresarial y el medio ambiente.
Soporte a las pymes y en especial a las innovadoras.
- Apoyo a la formación continuada.
Con todo ello, y teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar ajustes por la vía de la depreciación del tipo de cambio en el marco del euro, se ha de considerar la posibilidad de la existencia de una pérdida de competitividad al no existir los instrumentos para poder reaccionar ante las variables económicas, como sucede en los EE UU, en donde los presupuestos prevén mecanismos estabilizadores entre los distintos mercados en función del ciclo económico.
Hay que prever la eventualidad, por ejemplo, de la existencia de una baja temporada turística, de un incremento del coste de las materias primas por una mala cosecha agrícola o simplemente una pérdida de productividad por la existencia de unos costes de los servicios o de la utilización de las infraestructuras más altos que Europa.
Asimismo, la implantación de la moneda única propiciará una armonizacion de precios a medio plazo en el seno de la Unión. Europea, por lo que los factores que intervienen en el coste de los productos y servicios adquieren una relevancia, muy significativa para poder mantener el posicionamiento empresarial en los distintos mercados.
Si no se quiere afrontar esa eventual pérdida de competitividad sin recurrir al ajuste vía salarios y empleo que socialmente podría tener repercusiones más trascendentes, habrá que realizar la adecuación del entorno empresarial, lo antes posible, impulsando las llamadas reformas estructurales para que los factores que afectan a los costes empresariales sean similares a los restantes países europeos.
En este sentido, en el caso de nuestro país, habría que acelerar el denominado Plan de Convergencia, en donde se profundiza en la eliminación de las rigideces qué están condicionando nuestra Economía. En especial, las limitaciones más significativas con las que se puede encontrar son las siguientes:
Necesidad de mantener un rigor en el cumplimiento del, déficit público, por debajo del 3%.
- El incremento del déficit comercial, que se amplía con la reactivación de la demanda interna con el consiguiente riesgo para el crecimiento económico.
- La tasa de desempleo (más del doble de la media europea) y el lento ajuste de las condiciones laborales a las europeas en cuanto a las indemnizaciones de desempleo, la movilidad del puesto de trabajo, el acceso al mundo laboral y el tratamiento a las microempresas a pesar del acuerdo laboral recientemente firmado.
Todo ello resalta, la importancia de afrontar, con las mayores reflexiones y con el máximo consenso social permisible,, el análisis y la determinación de cambios estructurales en:
- El sector servicios, en especial los referentes a la energía, las comunicaciones, el transporte, los colegios profesionales y el coste del suelo.
- El replanteamiento de las posibilidades de financiar el Estado del Bienestar en lo referente a las pensiones y al gasto sanitario.
-La adecuación del funcionamierito de la administración pública.
- La profundización de la reforma laboral y la consideración del subsidio de desempleo.
Desde el ámbito empresarial, el principal reto para afrontar esta coyuntura económica es la capacidad de internacionalización que tengan las empresas españolas para competir en los mercados globalizados.
Se ha de pasar de una mentalidad exclusivamente exportadora a tener una política de insertar internacionalmente, cualquier parte del proceso productivo en las mejores condiciones de competencia con el resto de empresas del mundo.
Para ello se requiere un esfuerzo empresarial en el desarrollo de las siguientes áreas de actuación:
- Potenciación de la I + D.
- Incremento de las fuentes de financiación.
- Profesionalización de los ejecutivos con un programa de formación continuada para adaptarse permanentemente al cambio.
También sería necesario que la Administración adecuará el marco legal para favorecer la internacionalización de las empresas españolas. Se deberían adoptar los instrumentos de política fiscal que permitieran reducir y compartir el impacto inicial que soportan las cuentas de explotación de nuestras empresas en sus proyectos de inversión exterior, hasta la obtención de beneficios.
Tendría que diseñarse un programa que, a semejanza del modelo francés, permitiera beneficiarse de un crédito fiscal de carácter temporal sobre la inversión en el extranjero que se reintegraría a partir de que existieran beneficios en el exterior o de que se enajenara la inversión, para dar facilidades especialmente en los casos de deslocalización industrial, que se ha convertido en un factor de competitividad por la actuación de otros competidores internacionales que aprovechan menores costos.
Se habrían de establecer fondos de garantía específicos para proyectar la inversión en mercados que, aún con grandes perspectivas, suponen afrontar grandes costes de. prospección y adaptación, como sin duda son los países asiáticos y del este europeo.
Impulsar de manera decidida la formación internacional, tanto en España como en el extranjero, desarrollando, asimismo, un sisterna de información que permita conocer a las empresas sus propias oportunidades de manera clara e inteligible. Constituir un consejo mixto público-privado que incorporé a las empresas como factores de decisión en tanto oferente y demandante de I + D. Todo coordinado a través de una Comisión para la Internacionalización de la Empresa Española que pusiera fin a la existencia de tantas unidades que intentan, incidir en la comercialización exterior y que muchas veces finalizan haciéndose la competencia entre ellas mismas.
Fernando Casado Juan es director del Instituto de Empresa Familiar.