Por fin de negocio
EL PARTIDO Popular de Zamora ha decidido liquidar la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular en esa provincia. La mayoría con que cuenta el PP en la comisión le ha permitido prescindir de la opinión de los representantes de otras formaciones que aseguran haber descubierto indicios de corrupción y que querían proseguir la investigación. El PP da el asunto por zanjado mediante una resolución de seis líneas en la que se limita a afirmar que la comisión no ha observado ningún delito o irregularidad administrativa. El asunto queda ahora en manos de la justicia, que lo inv...
EL PARTIDO Popular de Zamora ha decidido liquidar la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular en esa provincia. La mayoría con que cuenta el PP en la comisión le ha permitido prescindir de la opinión de los representantes de otras formaciones que aseguran haber descubierto indicios de corrupción y que querían proseguir la investigación. El PP da el asunto por zanjado mediante una resolución de seis líneas en la que se limita a afirmar que la comisión no ha observado ningún delito o irregularidad administrativa. El asunto queda ahora en manos de la justicia, que lo investiga desde hace cuatro meses.La minoría alega que algunos documentos relacionados con las acusaciones han desaparecido o se les ha impedido consultarlos y que la mayoría ha vetado algunas de las comparecencias solicitadas; en particular, de antiguos altos cargos acusados de cobrar comisiones por la adjudicación de obras y de los constructores supuestamente implicados en el escándalo. Éste se inició tras la denuncia presentada por el hasta hace poco presidente de la Diputación, Antolín Martín, que acababa de ser desplazado de la dirección local del partido -luego lo sería también de su cargo institucional- en el marco de una batalla interna por el poder.
Martín escribió al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, alertándole de la existencia de prácticas corruptas en las que implicaba a quienes le habían desplazado, a quienes a su vez destituyó como vicepresidentes de la Diputación. Este embrollo de rivalidades fue esgrimido por el PP para desautorizar la denuncia por estar inspirada en el resentimiento. Sin embargo, y pese al obstruccionismo del PP, la comisión ha podido constatar indicios de coclusión entre las empresas adjudicatarias y otras irregularidades que habrían producido un quebranto a las arcas de la Diputación por un importe, según la oposición, no inferior a 1.500 millones de pesetas.
La documentación que no ha podido consultar la comisión no podrá ser negada al fiscal jefe de Zamora que investiga el caso. El asunto se desplaza, por tanto, al ámbito judicial al haberse cerrado la vía de las responsabilidades políticas. Pero algo está ya muy claro: que la transparencia predicada por el PP cuando los escándalos apuntan a otros partidos no la considera de aplicación cuando es el suyo el afectado; en lugar de tirar de la manta prefiere cubrirse con ella.