Religion, sí; familia, no

España ha logrado el acuerdo en su propuesta sobre la religión pero ha visto rechazada la que afectaba a la familia. La primera garantiza, después de un frente común entre católicos y luteranos, que los acuerdos entre la Iglesia y los Estados no son de competencia comunitaria. Francia ha intentado, sin éxito, dar a la masonería el mismo trato que a las religiones.La propuesta española de introducir en el Tratado a la familia como una de las bases de la sociedad ha sido rechazada al explicar Holanda que en ese país son más los ciudadanos que viven solos que los que conviven en núcleos familiare...

España ha logrado el acuerdo en su propuesta sobre la religión pero ha visto rechazada la que afectaba a la familia. La primera garantiza, después de un frente común entre católicos y luteranos, que los acuerdos entre la Iglesia y los Estados no son de competencia comunitaria. Francia ha intentado, sin éxito, dar a la masonería el mismo trato que a las religiones.La propuesta española de introducir en el Tratado a la familia como una de las bases de la sociedad ha sido rechazada al explicar Holanda que en ese país son más los ciudadanos que viven solos que los que conviven en núcleos familiares.

El borrador holandés ha incluido casi en su totalidad otra propuesta española, la de igualdad hombre-mujer, y específicamente el principio de que a igual trabajo corresponde igual remuneración, sin distinción de sexo, y la discriminación positiva a favor del sexo más débil en materia laboral.

España todavía no ha tomado posición en torno al protocolo de la Radiodifusión pública. Este pretende garantizar la financiación de los servicios públicos que prestan las radios y las televisiones dependientes de las administraciones. Los ministerios técnicos -Economía y Fomento- no ven con buenos ojos este protocolo.

Hay varios temas en los que España no ha tomado la iniciativa pero en los que se juegan grandes intereses. En materia de empleo defiende que la concesión de incentivos no afecte nunca a los fondos estructurales del objetivo 1 (los destinado a las regiones más pobres). España confía que la extensión de la toma de decisiones por mayoría cualificada -y por lo tanto la desaparición del derecho de veto- acabe afectando al final a un número muy limitado de políticas.