La mayoría de la comisión de la 'amnistía fiscal' no aprecia el "caos de Hacienda"

Las comparecencias celebradas hasta ahora en la comisión que investiga la "amnistía fiscal del PSOE" denunciada por el PP no permiten probar que haya habido un funcionamiento "caótico" en Hacienda durante el Gobierno socialista. La mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en esta apreciación, tras escuchar las explicaciones de de tres ex directores de la Inspección. El PP, pese a todo, quiere centrarse en demostrar que se dio "mala gestión" y prácticamente ha dejado de lado su inicial acusación de "amiguismo".

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Las comparecencias celebradas hasta ahora en la comisión que investiga la "amnistía fiscal del PSOE" denunciada por el PP no permiten probar que haya habido un funcionamiento "caótico" en Hacienda durante el Gobierno socialista. La mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en esta apreciación, tras escuchar las explicaciones de de tres ex directores de la Inspección. El PP, pese a todo, quiere centrarse en demostrar que se dio "mala gestión" y prácticamente ha dejado de lado su inicial acusación de "amiguismo".

De las sesiones de mañana, tarde y noche de la comisión parlamentaría que investiga la presunta amnistía fiscal durante el Gobierno socialista se pueden sacar ya algunas conclusiones. La más evidente es que el PP no cuenta, de momento, con el respaldo de sus socios nacionalistas vascos y catalanes. Tampoco Izquierda Unida y, por supuesto, el PSOE dan hasta el momento nada por definitivamente probado.Esta discrepancia se da a pesar de que el partido en el Gobierno ha rebajado sensiblemente sus aspiraciones iniciales. Según se desprende de sus intervenciones en la comisión, el PP no trata ahora de demostrar su acusación inicial: que hubo un trato de favor a unos contribuyentes catalogados de "amiguetes" del PSOE. Su objetivo es relativamente más modesto: certificar que la gestión fue mala y que, como consecuencia de ello, Hacienda ha dejado de cobrar 200.000 millones de pesetas a 600 contribuyentes.

La postura de CiU en esta comisión es clave para entender el cambio de actitud del PP. En principio, los nacionalistas catalanes se habían mantenido alejados del avispero para evitar las picaduras. Pero el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo señaló públicamente a La Caixa como el máximo exponente del amiguismo, y a partir a ahí CiU entendió que se habían rebasado ciertos límites. Como mínimo, la obligada discreción parlamentaria sobre la identidad de los expedientes. En el fondo, un gran malestar en CiU por el daño "gratuito" a la entidad de ahorros catalana.

La paradoja expresada por los representantes de la formación que lidera Jordi Pujol es que el PP hace acusaciones de este calado y no es capaz, hasta el momento, de demostrar en la comisión ni siquiera la existencia de un mal funcionamiento en la Agencia Tributaría. Las declaraciones de los responsables de la Inspección de Hacienda días atrás ante la comisión -Manuel Bravo, Magdalena Álvarez y Luis López Ibáñez- no lo corroboran a juzgar por la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción del PP.

Ni amiguismo ni negligencia

La representante del PNV, Margarita Uría, señaló a este periódico que por las comparecencias de estos días, tiene "la sensación de que no se pueden acreditar las acusaciones de amiguismo, negligencia ni nada por el estilo". Los nacionalistas vascos, también socios del Gobierno del PP, han sido por otra parte beligerantes en la comisión en el aspecto de exigir más y mejor información al Ministerio de Hacienda sobre los expedientes presuntamente prescritos.

En esa línea se inscribe también la actitud del representante de IU-IC, Joan Saura. En estas comparecencias, explicó Saura, "no se ha aportado ninguna prueba de amiguismo". Queda en su opinión por aclarar "todo el asunto de las primas únicas", aspecto en el que La Caixa aparece como protagonista. Respecto del caos, Saura dijo que "las comparecencias de estos días cuestionan la afirmación [del actual Gobierno] de que la Agencia Tributaría era un caos".

IU-IC persigue, además, obtener toda la información relativa a la Unidad del Fraude, cuyo responsable fue el actual director de la Agencia Tributaría, Jesús Bermejo, para determinar si sus expedientes podrían estar también afectados por la prescripción. El actual equipo de Hacienda sigue sin remitir esos datos a la comisión y se ha limitado a proporcionar unos listados de los que es "imposible" sacar conclusiones, según Saura.

El representante socialista en la comisión, Sergio Moreno, señaló por su parte que de esas comparecencias se desprende una realidad en la Administración tributaría "como un todo, en el que se contextualizan los problemas, se explican las medidas que se adoptaron y se detallan los avances". No hay, en su opinión, nada que avale la acusación de caos, sino al contrario, "un funcionamiento eficaz teniendo en cuenta las dificultades en la lucha contra el fraude".

Peticiones de amparo

La Mesa del Congreso tuvo que intervenir el pasado martes tras las peticiones de amparo que habían formulado el grupo socialista y el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo. Éste culpó a la ex directora de la Agencia Tributaria Juana Lázaro de haber beneficiado a La Caixa al desistir de un recurso contra la entidad por el presunto fraude de las primas únicas. El PSOE calificó la actitud de Del Burgo de "miserable" y pidió el amparo del Congreso para que evitara este tipo de acusaciones. El diputado del Partido Popular hizo lo mismo al considerarse injuriado y calumniado por el PSOE.

La Mesa adoptó una solución salomónica al advertir genéricamente a la comisión investigadora y a sus miembros que no deben desviarse del objeto para el que están comisionados, que deben concluir sus trabajos en el plazo previsto -dos meses, ahora ampliado hasta Finales de junio- y que no deben conculcar derechos fundamentales de personas físicas o jurídicas; en concreto, el secreto en materia tributaria. También el presidente de la comisión, Jon Zabalía, hizo al respecto una llamada al orden a los representantes de los grupos.

Los parlamentarios, a excepción del PP, mostraron cierta perplejidad por este rapapolvo. Todos los nombres de los titulares de los expedientes se han conocido previamente a través de los medios de comunicación afines al Gobierno. Por ello, el diputado de IU-IC Joan Saura ha presentado una queja formal ante la Mesa del Congreso por entender que la obligación de confidencialidad debe exigírsele al Ministerio de Hacienda y no a los diputados, ya que no disponen de esa información.