Argelia sin piedad
ARGELIA HACE, demasiado a menudo, caso omiso de los derechos humanos. Lo hacen los terroristas islámicos con unas matanzas de insoportable crueldad. Pero también el Estado con la guerra sucia que libra. El descubrimiento por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) de diez cárceles secretas, centros de detención y tortura que no recaen bajo el control de la justicia, y la elevada cifra de desaparecidos son nuevas pruebas de la espiral de horror que aflige a este país, tan próximo a Europa y especialmente a España. Las últimas matanzas en Argelia dejan pequeñas a las prec...
ARGELIA HACE, demasiado a menudo, caso omiso de los derechos humanos. Lo hacen los terroristas islámicos con unas matanzas de insoportable crueldad. Pero también el Estado con la guerra sucia que libra. El descubrimiento por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) de diez cárceles secretas, centros de detención y tortura que no recaen bajo el control de la justicia, y la elevada cifra de desaparecidos son nuevas pruebas de la espiral de horror que aflige a este país, tan próximo a Europa y especialmente a España. Las últimas matanzas en Argelia dejan pequeñas a las precedentes. Centenares de personas han sido asesinadas de la forma más cruel durante las pasadas semanas. En muchos casos las víctimas son mujeres y niños. Todas han sido atribuidas por las autoridades a los terroristas islámicos. Hay que precaverse ante las acusaciones cuando no hay información independiente.Los descubrimientos de la FIDH deben llevar a cuestionar algunas afirmaciones oficiales. El régimen de Liamín Zerual prohíbe desde hace más de un año la entrada en el país a Amnistía Internacional; tampoco otorga libre acceso a la prensa internacional. Pretende mantener un rígido control sobre las noticias que salen de Argelia, y en buena parte lo consigue. Sólo se conocen atentados y matanzas de los terroristas islámicos. No del Estado o de las bandas paramilitares. Lo cierto es que la guerra entre el islamismo armado y el régimen alcanza ya cotas de violencia insoportable. Y sus víctimas principales son civiles sin culpa ni otro protagonismo en la guerra que el que les otorga la muerte.
La búsqueda de razones, de una explicación para las sobrecogedoras crueldades que se están cometiendo, resulta dolorosa. ¿Cómo es posible que haya tantos asesinos dispuestos a mutilar y degollar a poblaciones enteras, a sus ancianos, mujeres y niños? Desde luego, los terroristas que se refugian en interpretaciones tan despiadadas del islam son culpables.
Pero también el Estado, que ha hecho dejación del monopolio de la violencia legítima. El Ejército y el Ministerio del Interior han armado a los grupos paramilitares que desatan su rabia y violencia sin control. Ante los degollamientos y asesinatos en masa por ocupar terreno o castigar a poblaciones que tapan a uno u otro, es difícil establecer la autoría. Durante el pasado Ramadán se recrudeció la violencia islamista, e inmediatamente, como reacción, se registró un aumento del terror paraestatal. En la opacidad informativa que reina en el país, el terror no conduce a la paz, sino a la desintegración del Estado.
La nueva ola de violencia viene fomentada por la proximidad de las elecciones a la Asamblea Nacional del próximo 5 de junio. Las elecciones presidenciales de 1995 ya marcaron un precedente. Hubo violencia, pero la nutrida participación y la amplia victoria de Zerual abrieron alguna esperanza con vistas a una transición dialogada hacia la democracia. Estas esperanzas se han visto rápidamente frustradas.
Lo que ofrece este régimen tiene poco que ver con la democracia. La Asamblea tendrá escasos poderes. Y en ella faltará el ilegalizado Frente Islámico de Salvación (FIS), lo que sigue constituyendo un error político. Sólo cabe la ilusión de que -pese a que los partidos religiosos o territoriales y étnicos están prohibidos- las elecciones abran un cierto espacio al debate político. Es necesario que el resto de fuerzas que han presentado candidatos hagan oír la voz de esta maltratada sociedad, principal víctima de la guerra que libran Ejército y terroristas.