España se juega seis billones en el debate que hoy inicia la UE sobre la cohesión a partir del 2000
La gran batalla interna de la Europa del siglo XXI, la batalla contante y sonante, empieza hoy. Con el euro encarrilado, la reforma de Maastricht casi minimizada y la ampliación hacía los países del Este repleta de incertidumbres, la Comisión Europea lanza la primera discusión pública sobre las políticas de cohesión. ¿Cuánto dinero deberá dedicarse a las políticas estructurales? ¿Cómo sacarle el máximo rendimiento económico y social a ese conjunto de recursos? ¿Hacia qué regiones y segmentos sociales orientarlos? España se juega en este envite seis billones de pesetas.
"Queremos concent...
La gran batalla interna de la Europa del siglo XXI, la batalla contante y sonante, empieza hoy. Con el euro encarrilado, la reforma de Maastricht casi minimizada y la ampliación hacía los países del Este repleta de incertidumbres, la Comisión Europea lanza la primera discusión pública sobre las políticas de cohesión. ¿Cuánto dinero deberá dedicarse a las políticas estructurales? ¿Cómo sacarle el máximo rendimiento económico y social a ese conjunto de recursos? ¿Hacia qué regiones y segmentos sociales orientarlos? España se juega en este envite seis billones de pesetas.
"Queremos concentrarnos en las regiones débiles y en la creación de empleo", adelanta la comisaría de Política Regional y Cohesión, Monika Wulf-Mathies. Hoy se abre en Bruselas un magno Foro sobre la cohesión, en el que se vuelcan comisarios, expertos, agentes sociales y autoridades de los Quince.No es un seminario al uso. Pretende "absorber las nuevas ideas de la sociedad e incorporarlas al informe de la Comisión, pues el diseño del futuro no debe hacerse sólo desde nuestros despachos", explica WuIf-Mathies.
Ese informe, previsto para julio próximo, cuando teóricamente habrá concluido la reforma de Maastricht, incluirá el primer diseño del paquete Santer de financiación comunitaria para los años 2000 a 2006. Y, dentro de él, la parte del león, la política de solidaridad interna, estructural, o de reequilibrio regional y social.
El llamado paquete DelorsII el conjunto de normas y directrices vigente -empezó en 1994 y acaba en 1999- supone una derrama de hasta el 1,27% del producto interior bruto (PIB). de los Estados miembros hacia la caja común. Casi un 0,5% se dedica a las políticas estructurales.
Cuando éste se agote, España habrá recibido un flujo de seis billones de pesetas. Por eso se juega tanto en este envite. ¿Corre peligro la continuidad de la política estructural? "No, no, y no", contesta la comisaria. "Al contrario, sigue siendo un pilar básico y un objetivo político de la UE". Pero debe mejorar su eficacia y adaptarse al nuevo entorno, cuando el Este empiece a adherirse.
Bruselas considera que la efectividad de esta política ha sido alta y demostrable. Pese a ello, el Estado norteamericano más próspero es sólo dos veces más rico que el menos desarrollado, mientras que la región europea mas rica, la alemana Hamburgo, cuadruplica el nivel de renta de la más pobre, el Alentejo portugués.
Esta mayor desigualdad regional en Europa queda paliada, sin embargo, por el mayor equilibrio social. Un 16% de los norteamericanos están por debajo del umbral de pobreza, mientras que esa precariedad sólo afecta al 5,5% de europeos.
En suma, la política de reequilibrio entre países más pobres y más ricos debe seguir. "Quiero resaltar principalmente que la ampliación al Este no puede ni debe ir a cargo de las regiones objetivo I [las de renta muy inferior al promedio], de modo que la solidaridad seguirá funcionando", enfatiza WuIf-Mathies.
Lo que se pretende es concentrar los apoyos, pues los fondos estructurales (regional, social, de cohesión ... ) benefician al 50% de la población de la UE, uno de cada dos ciudadanos. Y concentrarse en dos objetivos: "La creación de empleo y el aumento de la capacidad de generar desarrollo endógeno en las zonas más deprimidas", según la comisaria.
Un propósito de la Comisión que levantará polémica entre los Gobiernos es el de establecer un mecanismo para que las ayudas derivadas de la política estructural "no sean reconocidas sólo como un título de propiedad" de cada Estado beneficiado, una vez se haya fije el paquete Santer.
"Quizá convendría prever un período de verificación" durante el cual un porcentaje del dinero se atribuyese a los países "que no sólo han ejecutado el gasto, sino que lo han usado de forma eficaz", sugiere WuIf-Mathies.
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