La Delegación del Gobierno investigará el espionaje al juez del 'caso Calvià'
La delegada del Gobierno en Baleares Catalina, Cirer, anuncio ayer la apertura de una investigación, policial sobre las escuchas telefónicas al juez Javier Muñoz, asunto por el que ya existe una denuncia en un juzgado de Palma. El magistrado Muñoz indaga la presunta relación del PP con la trama del soborno del "caso Calvià". Cier dijo que hay "que detrminar quién y por qué causas" afectuó el pinchazo.
La delegada del Gobierno en Baleares cree que "no se puede obviar que este hecho pueda estar vinculado a un caso muy político, del que se viene hablando mucho tiempo en nuestras islas".Med...
La delegada del Gobierno en Baleares Catalina, Cirer, anuncio ayer la apertura de una investigación, policial sobre las escuchas telefónicas al juez Javier Muñoz, asunto por el que ya existe una denuncia en un juzgado de Palma. El magistrado Muñoz indaga la presunta relación del PP con la trama del soborno del "caso Calvià". Cier dijo que hay "que detrminar quién y por qué causas" afectuó el pinchazo.
La delegada del Gobierno en Baleares cree que "no se puede obviar que este hecho pueda estar vinculado a un caso muy político, del que se viene hablando mucho tiempo en nuestras islas".Medios del Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmaron que "el juez pensó en un momento dado que tenía su teléfono intervenido" porque fue advertido por un amigo que había hablado por teléfono con él. El amigo de Javier Muñoz le confió que la conversación mantenida entre ambos fue escuchada, instantes después de concluir, por otro comunicante suyo, que uso la misma línea teléfonica.
Este ciudadno oyó una grabación íntegra, por la red, de la llmada efectuada, minutos antes por el juez, posiblemente al producirse un fallo en el sistema de intervención. El examen y barrido posterior de las líneas no localizó el dispositivo de escucha.
El autor de la denuncia fue el juez, seguramente
para no entorpecer la instrucción del "caso Calviá" -entonces bajo secreto sumarial- que Muñoz efectúa en el entorno financiero de la antigua cúpula del PP de Baleares. Tambiém se pretendió evitar especulaciones acerca del escándalo político, en cuyo segundo sumario figuran como imputados el ex predidente balear y del PP, Gabriel Cñellas, y el ex diputado Cortes y ex consejero balear Francisco Gilet.
"Son hechos lamentables", indicó el abogado y diputado del PSOE Antonio Diéguez, que cree "que hay genete muy importante, y con mucho poder todavía, preocupada por este caso". Diéguez ejerció la acusación particular contra los dos militantes del PP y el comunista que en 1992 intentaron comprar con 100 millones a un concejal socialista de Calvià.
El juez indaga si Cañellas y Gilet dirigieron la trama del soborno y comparon el silencio de los condenados a pagar 100 millones de multa por el Tribunal Supremo en 1994.