El juez investiga cobros ilegales a un ex consejero balear del Partido Popular
El empresario Vicente Ferrer Castelló, ex miembro por el PP del Consejo de Ibiza y Formentera, figura como imputado en un presunto caso de corrupción política por el posible cobro de 63 millones de pesetas en comisiones ilegales. El juez Santiago Pinsach, del Juzgado número 6 de Ibiza, y el fiscal Manuel Sánchez dirigen las indagaciones, paralizadas durante más de un año por sucesivas vacantes de la titularidad en el juzgado.Un inspector de Hacienda que actúa como perito judicial, ha de desentrañar, con el examen de las voluminosas cuentas y expedientes, si sendos documentos bancarios conocido...
El empresario Vicente Ferrer Castelló, ex miembro por el PP del Consejo de Ibiza y Formentera, figura como imputado en un presunto caso de corrupción política por el posible cobro de 63 millones de pesetas en comisiones ilegales. El juez Santiago Pinsach, del Juzgado número 6 de Ibiza, y el fiscal Manuel Sánchez dirigen las indagaciones, paralizadas durante más de un año por sucesivas vacantes de la titularidad en el juzgado.Un inspector de Hacienda que actúa como perito judicial, ha de desentrañar, con el examen de las voluminosas cuentas y expedientes, si sendos documentos bancarios conocidos, fruto de supuestas comisiones de empresas concesionarias públicas del Ayuntamiento de Ibiza, coinciden con los movimientos financieros del ex consejero, que puede ser acusado además de delito fiscal. Sociedades adjudicatarias de servicios y concesiones del Ayuntamiento de Ibiza, controlado por el PP, entregaron presuntamente en 1990 y 1991 cantidades que sumaron 63 millones a Ferrer, quien no tenía ninguna relación mercantil ni contractual con las mismas ni ocupaba ningún cargo. El ex consejero controlaba diversos negocios turísticos en Formentera y era titular, a través del fiduciario René Cillien, de Luxemburgo, de la, sociedad pantalla International Touristic Investments Holding, en la que se supone que ingresó algunos de los donativos empresariales.
Promoción de Infraestructuras libró a Ferrer, en noviembre de 1990, un talón de 25 millones a través de la agencia número 2 de Ibercaja en Madrid. Esa firma se adjudicó la construcción y concesión por 40 años de tres aparcamientos públicos en Ibiza, en los que debía invertir 1.000 millones. La sociedad austriaca Hidrotecnic, que construyó por 2.000 millones la planta potabilizadora de aguas, efectuó en 1991 una orden de transferencia de 38 millones, a través del BBV, al citado holding de Ferrer en el extranjero.
Apartamentos
El ex consejero, que en 1983 abandonó su cargo público, ha 'declarado como imputado y ha negado ante el juez y el fiscal el cobro de comisiones irregulares, pero ha reconocido que controló una firma en Luxemburgo. Diario de Ibiza reprodujo en 1995 una copia de los soportes bancarios que lo acreditan. Ferrer dijo que cobró por una opción de compra sobre unos apartamentos suyos de Formentera. Sus empresas turísticas son explotadas ahora por el grupo del ministro Abel Matutes.El Ayuntamiento de Ibiza, presidido por Enrique Fajarnés, amigo del ex consejero, presentó una denuncia sobre este caso y creó una comisión de investigación que se cerró sin concluir sus trabajos. La institución local ha aportado al juzgado los expedientes de las contratas y los concursos en cuestión.