Acosar

Mientras la Bolsa sube nada menos que ocho puntos en la sesión más alcista de un año marcadamente alcista y los tribunales se aproximan al núcleo duro de un desfalco que nos costó más de medio billón de pesetas, la prensa desvela al fin el secreto peor guardado de la historia política española. Nada acentúa más el interés por las cosas que su carácter confidencial, de modo que a estas alturas la pasión voyeurista nos atenaza.¿Son? ¿No son? ¿Están todos? ¿Es "Pte." pendiente, presidente o puede ser permanente, procedente, protestante o incluso pedante? Lo cierto es que el tema GAL está p...

Mientras la Bolsa sube nada menos que ocho puntos en la sesión más alcista de un año marcadamente alcista y los tribunales se aproximan al núcleo duro de un desfalco que nos costó más de medio billón de pesetas, la prensa desvela al fin el secreto peor guardado de la historia política española. Nada acentúa más el interés por las cosas que su carácter confidencial, de modo que a estas alturas la pasión voyeurista nos atenaza.¿Son? ¿No son? ¿Están todos? ¿Es "Pte." pendiente, presidente o puede ser permanente, procedente, protestante o incluso pedante? Lo cierto es que el tema GAL está políticamente descontado. No hay ya casi nada que no se supiera y todo confirma lo que suponíamos: que los servicios secretos no son el mejor lugar para la democracia. En todo caso, son -y me temo que serán ya siempre- "supuestos" papeles del Cesid, pues lo que conocemos después de tanto trajín es una copia de lo que estaba en el Cesid. Pero hete aquí que los originales se han perdido. Tanta obligación de secreto violada -policial, judicial o administrativa- para tan poca información.

Dejemos, pues, el acoso que "Madrid" practica sobre sucesos de hace 13 años y -pasemos al de Las Arenas de hace pocos días. Pues, de tanto limpiar el pasado de la democracia, se nos olvida su futuro y mientras las portadas se llenan de papeles la calle lo hace de amenazas y chantajes.

Se supone que cuando un delincuente comete un delito sus cómplices no alardean de ello. Se espera que si alguien pretende chantajearme de modo violento no se pasea a la puerta de mi casa amenazando con pancartas. Es razonable suponer que quien, tiene secuestrado a mi familiar no me hace culpable de su suerte. Uno supone también que para evitar que sobre el dolor de las víctimas se sume el escarnio está el Estado.

Que los nazis achulados de HB hayan podido pasear impunemente su descaro por Neguri amenazando a quienes allí tratan de vivir para que paguen, insultando impunemente al dolor de la familia Delclaux para defender el secuestro de su hijo, culpando de "lo que resulte" a los demás..., que ello haya podido ocurrir con la sola protesta de un ciudadano significa simplemente que el Estado español y sus instituciones (y nótese que el Estado son también las regiones y nacionalidades que ahora se multiplican) no acaban de estar objetiva, institucionalmente, seguros de que sólo su violencia es legitima y se resignan a lo que, al parecer, es "políticamente correcto".No sé qué debilidad moral nos ha llevado a creer que ser imparcial consiste en ponerse a mitad de camino y no en darle la razón a quien la tiene. No es lo mismo pedir la libertad de Delclaux que pedir el secuestro de Ibarra y ni la calle ni la ley pueden amparar a ambos al mismo tiempo. Un Estado seguro de la legitimidad de su postura no puede ser %mparcial"; debe militar del lado de las víctimas. Y para ello debe poner todos los medios con la única condición de que sean legales. Éste es el principal acoso a que deberíamos dedicarnos para romper el que sufren a diario los ciudadanos vascos, progresivamente envueltos en el síndrome de Estocolmo.

HB y el entorno de ETA deben ser objeto de una constante presión institucional con las armas de la ley. Y éstas son muchas y variadas. Por supuesto, la más rígida aplicación de las normas de orden público y penales, y el Gobierno hace bien al instar a la fiscalía para que actúe. Pero puede llegar mucho mas allá: puede realizar inspecciones fiscales, controlar los permisos y licencias de bares, escuelas o establecimientos, vigilar si los vehículos han pasado o no la ITV y un largo etcétera. No basta con el Código Penal; utilicemos también el civil, el mercantil, el laboral, el administrativo. Pues o nosotros hacemos legalmente imposible la vida a los chantajistas y extorsionadores o ellos, ilegalmente, hacen imposible la nuestra. No son más que una mafia y -recordemos- Al Capone fue a la cárcel por evasión de impuestos.