El Ayuntamiento murciano derogó la ordenanza sobre mendicidad
El Ayuntamiento de Murcia afirmó ayer que derogó en octubre la ordenanza que, según EL PAÍS de ayer, ha motivado la actuación del Defensor del Pueblo contra las corporaciones municipales de Santander, Murcia y Cartagena tras recibir información de que se detenía a mendigos en la calle y se les requisaba el dinero acogiéndose a viejas disposiciones.
El Ayuntamiento murciano reconoció ayer que una nueva ordenanza de Actividades en la Vía Pública -ya aprobada en por el pleno y en plazo de exposición pública y, según la corporación "acorde con los criterios del Defensor del Pueblo"- aún...
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El Ayuntamiento de Murcia afirmó ayer que derogó en octubre la ordenanza que, según EL PAÍS de ayer, ha motivado la actuación del Defensor del Pueblo contra las corporaciones municipales de Santander, Murcia y Cartagena tras recibir información de que se detenía a mendigos en la calle y se les requisaba el dinero acogiéndose a viejas disposiciones.
El Ayuntamiento murciano reconoció ayer que una nueva ordenanza de Actividades en la Vía Pública -ya aprobada en por el pleno y en plazo de exposición pública y, según la corporación "acorde con los criterios del Defensor del Pueblo"- aún no ha entrado en vigor. La nueva ordenanza, señala el Ayuntamiento, prohibe la utilización de menores y la coacción, tal como está regulada en el Código Penal. En ningún momento se niega, impide o condena la posibilidad de pedir limosna en la calle".
Fuentes municipales indican que el pasado 13 de octubre el alcalde de Murcia se entrevistó en Madrid con el Defensor del Pueblo, y que el 13 de noviembre llegó al registro municipal un escrito del Defensor en el que afirma que "esta institución no puede entrar a valorar ningún proyecto de disposición, como en el presente caso serían las futuras ordenanzas que ese Ayuntamiento intentará aprobar en breve plazo".
Según informaba ayer este periódico, el escrito del Defensor del Pueblo pedía que "a la mayor brevedad posible se proceda a modificar las vigentes ordenanzas municipales", por carecer de la "necesaria cobertura legal" e incluso estar "enfrentadas al ordenamiento constitucional". Santander ya ha derogado su vieja ordenanza sobre el tema, y Cartagena aún no ha respondido.