Cajamadrid resucita su malestar con la Comunidad tras perder un contrato

El gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha tropezado por dos veces en la misma piedra. Por segunda vez en menos de un año ha dejado fuera a Cajamadrid del supercontrato de los tributos, consistente en adjudicar a un banco el coro anual de 130.000 millones en impuestos regionales. Algunos consejeros de esta entidad, gobernada por representantes del Partido Popular, PSOE e IU, expresaron en su última cumbre un fuerte malestar por la decisión del gobierno autonómico de ceder hasta 1999 el cobro de los tributos al Banco Santander y al Banco Central Hispano.

En el Consejo de Administración de ...

El gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha tropezado por dos veces en la misma piedra. Por segunda vez en menos de un año ha dejado fuera a Cajamadrid del supercontrato de los tributos, consistente en adjudicar a un banco el coro anual de 130.000 millones en impuestos regionales. Algunos consejeros de esta entidad, gobernada por representantes del Partido Popular, PSOE e IU, expresaron en su última cumbre un fuerte malestar por la decisión del gobierno autonómico de ceder hasta 1999 el cobro de los tributos al Banco Santander y al Banco Central Hispano.

En el Consejo de Administración de Cajamadrid se habló el pasado lunes del nuevo plantón que el gobierno regional había dado a la entidad. En el concurso de los tributos, Cajamadrid obtuvo la tercera mejor puntuación, insuficiente para conseguir el contrato. Varios consejeros de esta entidad expresaron ayer su disgusto por la adjudicación aprobada por el ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón. La Consejería de Hacienda defendió el rigor y la ecuanimidad que había presidido la elección de bancos.Pero varios consejeros de Cajamadrid no aceptan esta explicación: "El trato del gobierno debe ser preferente, pues esta entidad trata muy bien a la Comunidad, aportando todos los años miles de millones de pesetas para proyectos sociales y culturales".

El pasado lunes, el Consejo de Administración de Cajamadrid aprobó conceder 1.200 millones de pesetas a la administración regional para abonar los salarios a las familias más pobres, dentro del programa del Ingreso Madrileño de Integración (IMI). Un portavoz oficial de Cajamadrid aseguró ayer a EL PAÍS: "Pese a que no hemos sido adjudicatarios del contrato de los tributos, no nos vamos a replantear nuestras relaciones financieras con la Comunidad ni vamos a suprimir las ayudas a distintos programas".

Fuentes próximas al Partido Popular en Cajamadrid defendieron la necesidad de que los máximos responsables de la entidad financiera y de la Comunidad dialoguen sobre las futuras relaciones entre las dos instituciones. Esta propuesta llevaría a Miguel Blesa, amigo personal de José María Aznar y presidente de Cajamadrid por imposición del PP, a negociar con Alberto Ruiz-Gallardón un trato especial del gobierno regional a la entidad financiera. IU y PSOE recuerdan que en otras autonomías que tienen los tributos pedidos son las cajas regionales quienes se encargan de su cobro.