El Estado gasta 10.700 millones en vigilancia privada aunque hay 28.242 agentes inactivos

El Estado y el resto de las admnistraciones autonómicas, se gastaron en 1 995 más de 10.700 millones en vigilantes privados para custodiar edificios públicos, mientras permanecen en situación de "disponibilidad" 28.242 policías y guardias civiles. El Gobierno estudia fórmulas para reconducir este desfase. Se persigue sobre todo ajustar al máximo el gasto en el presupuesto para esos servicios. Interior planea aumentar la edad de pase a la reserva de esos agentes disponibles, que éstos cubran esos cometidos y que faciliten la salida a la calle de los que aún están en activo.Una de las medidas an...

El Estado y el resto de las admnistraciones autonómicas, se gastaron en 1 995 más de 10.700 millones en vigilantes privados para custodiar edificios públicos, mientras permanecen en situación de "disponibilidad" 28.242 policías y guardias civiles. El Gobierno estudia fórmulas para reconducir este desfase. Se persigue sobre todo ajustar al máximo el gasto en el presupuesto para esos servicios. Interior planea aumentar la edad de pase a la reserva de esos agentes disponibles, que éstos cubran esos cometidos y que faciliten la salida a la calle de los que aún están en activo.Una de las medidas analizadas por el Gobierno para reducir gastos corrientes y de contratación de servicios es que la vigilancia de los edificios públicos sea asumida en lo posible, por miembros de las, Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta propuesta lleva tiempo en estudio y no afecta sólo a la Administración estatal.

La Comunidad de Madrid, que en 1995 gastó 1.000 millones en guardias privados, tiene previsto firmar en breve un convenio de colaboración con la Guardia Civil para encomendarle la protección de sus instalaciones, según manifestó recientemente el director del cuerpo, Santiago López, Valdivielso. Madrid podría ser la primera comunidad, pero no la única, en encargar a la Guardia Civil ese trabajo, si se resuelven algunos inconvenientes, algunos de ellos legales.

El Estado presupuestó en 1995 algo más de 7.508 millones para "trabajos realizados por otras empresas en materias de seguridad". El País Vasco destinó 590 millones; Cataluña, 812; Asturias, 198; Castilla y León, 373; Navarra, 154, y Extremadura, 53.

Mientras tanto, permanecen en situación de "disponibilidad" 28.242 agentes: 19.626 guardias civiles en régimen de "pase a la reserva" y 8.616 policías en la expectativa profesional de "segunda actividad [prejubilación]". La peculiar tarea de estos funcionarios públicos y su desgaste físico reduce sensiblemente la duración de su vida profesional.

21.600 pesetas al mes

Un policía de la escala básica entra en la segunda actividad a los 55 años. Un guardia civil del mismo nivel pasa a la reserva a los 56. La diferencia económica anual entre un miembro activo y otro disponible es de unas 250.000 pesetas en favor del primero: unas 21.000 pesetas al mes.Una de las formas de rebajar el gasto en guardias es utilizar en esas tareas agentes en esa fase de prejubilación. Se calcula que un puesto de seguridad fijo para un edificio supone un dispositivo de 5,5 hombres al día. La Administración interesada debería sufragar la diferencia entre lo que cobran ahora esos policías o guardias en la reserva y en su futura actividad de vigilancia: 1.382.502. pesetas más al año por agente. El coste de una hora de trabajo se incrementaría en 160 pesetas.

Otra opción para ganar efectivos de calle con la actual plantilla sería alargar la edad vigente de pase a la reserva o segunda actividad. En 1994 ya se prolongó ese tope, que entonces estaba en 50 años para los policías. El secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, ha sondeado recientemente a los sindicatos policiales. Ningún responsable de Interior o la Guardia Civil ha querido dar a este periódico su versión sobre el proyecto.

Fuentes del PP relacionadas con los asuntos de Interior mostraron su perplejidad con esta intención del Gobierno de sustituir vigilantes privados por agentes públicos porque suponían, desde su época en la oposición, que los primeros resultaban más baratos. Además, señalaron que destinar a policías y guardias civiles a esas tareas se contradice con el objetivo de sacar efectivos a la calle.

Los sindicatos policiales encuentran reparos a estas fórmulas, aunque podrían aceptarlas si se planteasen de manera voluntaria.