Toledo II

Los sindicatos de clase y el ministro de Trabajo y Seguridad Social han llegado a un nuevo acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones públicas hasta el año 2001. La confederación empresarial no lo suscribe, por dos razones: una expresa, no se aligeran las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social por sus empleados; y otra tácita, no se fomentan los sistemas de ahorro complementarios a la pensión pública. En vista de ello, todos los beatos de nuestro país han tachado de irresponsable la conducta del señor Cuevas, el presidente de los patronos.En febrero de 1994, el grupo parlam...

Los sindicatos de clase y el ministro de Trabajo y Seguridad Social han llegado a un nuevo acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones públicas hasta el año 2001. La confederación empresarial no lo suscribe, por dos razones: una expresa, no se aligeran las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social por sus empleados; y otra tácita, no se fomentan los sistemas de ahorro complementarios a la pensión pública. En vista de ello, todos los beatos de nuestro país han tachado de irresponsable la conducta del señor Cuevas, el presidente de los patronos.En febrero de 1994, el grupo parlamentario catalán presentó una proposición no de ley en las Cortes pidiendo que se creara en el seno de la Comisión de, Presupuestos una ponencia para analizar los problemas estructurales de la Seguridad, Social y sus posibles reformas. En la exposición de motivos se leía: "Desde hace dos años el Presupuesto de la Seguridad Social registra crecientes déficit. La actual recesión económica ha agravado esta situación. ( ... ) Estas problemáticas coyunturales ( ... ) se agravan ( ... ) a causa del envejecimiento de la población española, a causa del aumento del paro, y a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto." El diagnóstico no podía ser más atinado.

Para evitar la insolvencia de la Seguridad Social, nuestros parlamentarios tenían dos caminos: o reducir el monto de las pensiones; o transformar el sistema de reparto en uno de capitalización. Reunidos en Toledo, eligieron el primer camino. Desde 1985 la cuantía de la pensión se calculaba sobre la base del salario de los últimos ocho años, pero en Toledo se propuso elevarlos inmediatamente a 15. El retiro forzoso, ahora legalmente establecido a los 65 años, se retrasaría hasta los 70 y se permitiría que el jubilado trabajase sin pagar cuota. También se buscaría controlar el número de quienes consiguen certificado de invalidez, en la actualidad el 30% de los pensionistas, así como reducir el periodo medio de incapacidad transitoria. Todas estas medidas tendrán su justificación, pero no cabe duda de que significan una reducción a hurtadillas de las prestaciones.

Las reformas eran, nos dijeron, las mínimas para salvar el sistema de reparto. El reciente acuerdo con los sindicatos, que motejaré de Pacto de Toledo II, contiene unas propuestas aún más blandas: no cambiar el periodo de cómputo para las pensiones de inmediato a 15 años, sino sólo a 13 anualmente hasta el 2001; cobrar la cuota a los jubilados que trabajaran; pagar la pensión integra a los prejubilados, en vez de reducirles la base reguladora en un 8% como en la actualidad. Todo lo más se ha aumentado la base de cotización de los autónomos, las cenicientas del sistema. Por desgracia, es muy cuesta arriba la reforma de un sistema de reparto, pues por su naturaleza incentiva a los individuos a cotizar menos y a exigir más de lo que corresponde, especialmente en un eufórico momento en el que los jubilados eran pocos y los trabajadores muchos.

En cambio, si los beneficios de los jubilados resultaran del ahorro personal y sus réditos, la correspondencia entre lo aportado y las prestaciones es directa: poco tendrían entonces que decir los sindicatos. Ya sé, ya sé, es difícil pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, pues aparece una "generación perdida" que cargará con las pensiones de los jubilados y el ahorro para las propias: pero la transición puede ser pasito a pasito, como fue la del Reino Unido, o la que ha propuesto Piñera para España.

El ministro, envalentonado sin duda por su firmeza ante los patronos, ha prometido hacer el año que viene "su propia reforma del mercado de trabajo". Recuerdo que no se atrevió a estudiar siquiera la propuesta del presidente Pujol de que todos los contratos laborales, fuesen fijos o temporales, se convirtieran en indefinidos con 12 días de indemnización por año de empleo. Me parece que al ministro Arenas le faltan ingredientes para hacerse de hormigón ante las exigencias de los buscadores de rentas.