El Supremo decidirá en dos meses si el Gobierno debe desclasificar los 'papeles del Cesid'

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, integrado por una treintena de magistrados, acordó ayer admitir a trámite dos de los cuatro recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo de Ministros que denegó la desclasificación de documentos del Cesid supuestamente relacionados con el caso GAL. Los dos recursos admitidos fueron interpuestos al amparo de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, que tiene una tramitación breve y preferente, por lo que el fallo podrá conocerse en dos o tres meses.

Una treintena de magistrados de ...

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, integrado por una treintena de magistrados, acordó ayer admitir a trámite dos de los cuatro recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo de Ministros que denegó la desclasificación de documentos del Cesid supuestamente relacionados con el caso GAL. Los dos recursos admitidos fueron interpuestos al amparo de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, que tiene una tramitación breve y preferente, por lo que el fallo podrá conocerse en dos o tres meses.

Una treintena de magistrados de la Sala Tercera del Supremo acordaron ayer por unanimidad admitir a trámite dos de los cuatro recursos interpuestos contra la negativa del Gobierno a desclasificar los papeles del Cesid.El primer recurso de los admitidos a trámite fue el interpuesto por el abogado y ex senador de HB Iñigo Iruin, representante de las madres de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, asesinados por los GAL, que están personadas como acusación particular en el sumario que instruye la Audiencia Nacional.,

También fue admitido el recurso de los hermanos Tomás y Carlos Urigoitia, hermanos de una activista de ETA muerta en un tiroteo con la Guardia Civil cuyas circunstancias investiga un juzgado donostiarra.

Sin embargo, la Sala Tercera no admitió, por el momento, el recurso interpuesto por la acción popular del caso GAL, personada en las causas que instruye el juez Baltasar Garzón en el juzgado central 5 de la Audiencia Nacional. Esta parte presentó un recurso contencioso-administrativo ordinario, en lugar del previsto en la ley de Protección de Derechos Fundamentales de la Persona. Este recurso no tiene tramitación preferente, es más formalista y su tramitación puede durar años.

La Sala Tercera observó algunos defectos en su presentación, por lo que dio a los abogados diez ' días para que acrediten el anuncio previo al Consejo de Ministros de. que se proponen interponer un recurso, trámite previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Tampoco fue admitido el pre, sentado por el ex embajador de España en Sudán, Pedro García Trelles, un controvertido diplomático al que el alto tribunal ha pedido que acredite si es parte en alguna de las causas relacionadas con los documentos del Cesid o si ha sido perjudicado en sus derechos fundamentales por el acto del Ejecutivo. Según fuentes del Supremo, una vez que la Sala Tercera notifique su resolución a las partes, se reclamará el expediente al Consejo de Ministros en un plazo de ocho días. Luego se entregará a los demandantes para que formalicen los recursos por un plazo simultáneo de 10 días. Posteriormente se entrega durante plazos sucesivos de 10 días al Servicio Jurídico del Estado y al Ministerio Fiscal. Cabe la, posibilidad de abrir un período de prueba por otros 20 días y, seguidamente, se reunirá la Sala para votación y fallo. Fuentes del alto tribunal han señalado que la resolución se conocerá en dos o tres meses como máximo.