España denuncia ante la UE que está discriminada en el reparto de ayudas al desarrollo

El reparto de los fondos estructurales europeos, concebidos para ayudar al desarrollo de las zonas más pobres de la Unión Europea y reducir las diferencias con las más ricas, es discriminatorio con España. Esa es una de las conclusiones del informe elaborado por el Gobierno español sobre el funcionamiento de estos fondos adelantado a Bruselas. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, podrá hoy explicar e informe y los puntos de vista españoles la comisaria europea responsable de la materia, Monika WuIf-Mathies, con quien se entrevista hoy en Madrid.

El encuentro puede abrigar cierta t...

El reparto de los fondos estructurales europeos, concebidos para ayudar al desarrollo de las zonas más pobres de la Unión Europea y reducir las diferencias con las más ricas, es discriminatorio con España. Esa es una de las conclusiones del informe elaborado por el Gobierno español sobre el funcionamiento de estos fondos adelantado a Bruselas. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, podrá hoy explicar e informe y los puntos de vista españoles la comisaria europea responsable de la materia, Monika WuIf-Mathies, con quien se entrevista hoy en Madrid.

El encuentro puede abrigar cierta tensión. El documento del Gobierno español -en principio, un puro trámite a cumplir por todos los Estados miembros cada tres años- no es del gusto de Wulf-Mathies. Pero tampoco alguna de las intenciones de la comisaria agradarán al vicepresidente español. La política alemana se ha destacado en el Colegio de Comisarios como uno de los que más reparos ponen a la posibilidad de que España atribuya al ejercicio de 1995 el aumento del déficit público detectado tras el cambio de Gobierno. El gabinete de la comisaria no ve claro que esa atribución del déficit al pasado ejercicio pueda realizarse sin que Bruselas congele el Fondo de Cohesión.

Peligro de 'congelación'

Este fondo, el más pequeño del conjunto de mecanismos estructurales, está destinado sólo a los cuatro países más pobres (España, Irlanda, Portugal y Grecia) como compensación por los esfuerzos presupuestarios que han de realizar para cumplir los objetivos de convergencia de Maastricht. Pero, en contrapartida, puede quedar congelado para quienes no cumplan sus programas de convergencia. La elevación del déficit de 1995 en más de seis décimas sitúa las cuentas públicas españolas por encima de su plan de convergencia, abriendo así el debate sobre si ello puede afectar al Fondo de Cohesión a pesar de que las cifras de 1996 marquen el retorno de España a la buena senda.Rodrigo Rato explicará a Wulf-Mathies el descontento del nuevo Gobierno español con el funcionamiento del conjunto de fondos estructurales. A pesar de que España es uno de los principales países beneficiarios en términos absolutos, el informe del Ejecutivo señala graves distorsiones en el reparto de las ayudas especialmente en varios grandes apartados: las ayudas agrícolas del FEOGA (que en términos relativos benefician mucho más a Grecia o Irlanda),.con especial mención a la cuota lechera (España tiene un déficit de un millón de toneladas anuales); los programas para las pequeñas y medianas empresas (Alemania es el gran beneficiario); los programas de investigación y desarrollo I + D), y las grandes redes transeuropeas.

En este último apartado España sostiene que los proyectos elegidos benefician a los países ricos porque la criba se ha basado antes en la rentabilidad económica que en la cohesión social, un criterio contrario al Tratado de Maastricht, que establece que las grandes redes deben tener en cuenta "en particular, la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales de la Unión".

Déficit público

Además de sus puntos de vista sobre el déficit público y sus efectos sobre el Fondo de Cohesión, la comisaria WuIf-Mathies apremiará a España para que designe antes de mediados de octubre qué territorios desea que formen parte de los llamados "pactos territoriales para el empleo".Esta idea, lanzada por la Comisión en el pasado Consejo Europeo de Florencia, pretende orientar parte de los fondos estructurales a reducir las tasas de desempleo en los territorios más deprimidos. Bruselas quiere crear varias zonas piloto en las que se concentrarían esos esfuerzos. Según las estimaciones iniciales de la Comisión, España podría disponer de unos 800 millones de ecus (130,000 millones de pesetas) para los pactos territoriales para el empleo.