Un condenado por el 'caso Calvià' dice que hoy aportará datos contra el PP

Andreu Bordoy, uno de los condenados por el caso Calvià, entregará hoy al juez "pruebas irrefutables", según recalcó, que demuestran que fue el Partido Popular el que abonó las costas del juicio en el que, en 1993, fue condenado junto a Miguel Deyà y Guillermo Ginard por intentar sobornar con 100 millones a un edil socialista para que diera su voto al PP y con ello arrebatar la alcaldía de Calvià al PSOE."El PP pagó dos millones a los abogados de los demandantes en el juicio, -el PSOE y el Ayuntamiento de Calviá-, con lo cual queda muy claro el grado de implicación de la cúpula de ese p...

Andreu Bordoy, uno de los condenados por el caso Calvià, entregará hoy al juez "pruebas irrefutables", según recalcó, que demuestran que fue el Partido Popular el que abonó las costas del juicio en el que, en 1993, fue condenado junto a Miguel Deyà y Guillermo Ginard por intentar sobornar con 100 millones a un edil socialista para que diera su voto al PP y con ello arrebatar la alcaldía de Calvià al PSOE."El PP pagó dos millones a los abogados de los demandantes en el juicio, -el PSOE y el Ayuntamiento de Calviá-, con lo cual queda muy claro el grado de implicación de la cúpula de ese partido en la gestación de la operación", declaró Bordoy.

Los dirigentes del PP en Baleares se habrían comprometido a abonar el importe de los honorarios de los letrados, "a cambio de nuestro silencio", dijo Bordoy, ex vicepresidente del PP en Calvià, quien obligó a reabrir el caso tras presentar nuevas pruebas que supuestamente involucran al ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas y al ex diputado Francesc Gilet.

Jaime Ques, el letrado que defendió a Bordoy en la primera fase de la instrucción del caso, se ha amparado en el secreto profesional para no desvelar al juez si fue el PP el que pagó su minuta.

Bórdoy decidió romper su silencio y variar su primera declaración porque el PP se negó a asumir el pago de 100 millones al que fue condenado por el caso por la Justicia, en 1993, sentencia ratificada más tarde por el Tribunal Supremo.

El caso túnel de Sóller, por otra parte, continuará hoy tras el paréntesis de verano con la declaración de Magdalena Femenías, gerente de la Fundación Illes Balears, institución benéfica presidida por Gabriel Cañellas (PP). Según la acusación particular, ejercida por IU de Baleares, la fundación ingresó al menos cinco millones procedentes de la concesionaria de las obras del túnel en concepto de donaciones. Este dinero tendría origen, según las investigaciones policiales, en el pago de comisiones realizado por la constructora a Cañellas después de que el Ejecutivo autonómico balear le otorgara en 1988 la concesión de las obras.