Un tribunal de EE UU condena a Ruiz-Mateos a pagar cien millones a sus abogados en el 'caso Dry Sack'

Un tribunal estadounidense ha condenado a José María Ruiz Mateos a pagar, con intereses, los 569.252,04 dólares que dejó a deber a sus abogados en el caso Dry Sack y otros 25.557,83 dólares que adeuda a un perito que testificó en el juicio, el 9 de octubre de 1990. La condena, que se produjo el pasado 25 de abril y que acaba de conocer EL PAÍS, asciende -una vez calculados los intereses- a unos 102 millones de pesetas, al cambio actual. Ruiz-Mateos ha sido juzgado en rebeldía ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales.El Tribunal Territorial del Distrito de Columbia ...

Un tribunal estadounidense ha condenado a José María Ruiz Mateos a pagar, con intereses, los 569.252,04 dólares que dejó a deber a sus abogados en el caso Dry Sack y otros 25.557,83 dólares que adeuda a un perito que testificó en el juicio, el 9 de octubre de 1990. La condena, que se produjo el pasado 25 de abril y que acaba de conocer EL PAÍS, asciende -una vez calculados los intereses- a unos 102 millones de pesetas, al cambio actual. Ruiz-Mateos ha sido juzgado en rebeldía ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales.El Tribunal Territorial del Distrito de Columbia considera probado que en el acuerdo entre el representante de Ruiz-Mateos en EE UU -primero Alfonso Lacave y, con posterioridad, su sobrino Alfonso Barón Rivero- y el bufete de abogados Kirkland & Ellis, no se condicionó el pago de las minutas al resultado del juicio. Lacave contactó con Kirkland en 1986 para reclamar los derechos de la familia Ruiz-Mateos sobre la marca Dry Sack en EE UU. James M. Amend, uno de los socios de la firma, señaló a Lacave que, dado que un tribunal británico había sentenciado en favor de la Administración española respecto a la propiedad de la citada marca de jerez (12 de mayo de 1996), la única forma de evitar que esa sentencia se utilizara en EE UU era presentar una reclamación ante los tribunales de ese país.

Amend no ocultó la complejidad de "establecer el coste de ese litigio porque puede variar mucho en función de la tenacidad y de la habilidad del oponente". A modo orientativo, le habló de entre 320.000 y 540.000 dólares, más 125 dólares por hora de trabajo. Amend explicó también el sistema de cobro mensual de su despacho. Ruiz-Mateos aceptó. Sin embargo, a partir de mayo de 1990 empezaron los retrasos, que Barón disculpó por los viajes de su tío.

En enero de 1991, la juez June Green dictó sentencia contra Ruiz-Mateos y días después Barón envió una carta a los abogados en la que decía que Ruiz-Mateos sólo les pagaría si presentaban un recurso y obtenían un resultado favorable. Los letrados se retiraron del caso y presentaron la demanda que ahora se ha fallado A ellos se unió también Gordon Smith, un perito contratado para evaluar el precio de mercado de los derechos en EE UU de la marca en litigio. En vísperas del juicio, Smith no había cobrado ni una peseta por sus servicios, pero tesfificó ya que Barón le dijo que el cheque estaba de camino.