El instructor del 'caso Sóller' quiere concluir el sumario en septiembre
El sumario judicial del caso Sóller, centrado en la presunta financiación irregular del PP de Baleares por cobro de posibles comisiones a cambio de la concesión del túnel de peaje de Sóller, puede quedar cerrado y listo para la apertura de juicio oral el próximo mes de septiembre, si se cumplen las previsiones procesales que manifestó a este diario el instructor Juan López Gayá, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Las investigaciones sobre este asunto han durado casi dos años.
La posibilidad de concluir esta instrucción judicial en un juzgado ordinario y en el Tribunal Superio...
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El sumario judicial del caso Sóller, centrado en la presunta financiación irregular del PP de Baleares por cobro de posibles comisiones a cambio de la concesión del túnel de peaje de Sóller, puede quedar cerrado y listo para la apertura de juicio oral el próximo mes de septiembre, si se cumplen las previsiones procesales que manifestó a este diario el instructor Juan López Gayá, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Las investigaciones sobre este asunto han durado casi dos años.
La posibilidad de concluir esta instrucción judicial en un juzgado ordinario y en el Tribunal Superior coincide con la opinión de los representantes legales de IU, que ejerce la acusación particular contra el PP y el Gobierno balear. En el mismo sentido se pronunció otra parte personada en esta causa abierta por las presuntas comisiones pagadas por el empresario que logró en 1988 la concesión del túnel."Los temas del caso Sóller están cerrados y los presuntos indicios claveteados. Abundar en más peticiones de pruebas y declaraciones sólo engordará innecesariamente la causa", indicó una fuente jurídica ajena a estas dos formaciones.
Este caso motivó en julio de 1995 el cese de Gabriel Cañellas como presidente autonómico de Baleares y del PP de las islas, así como la salida de la secretaría del partido del actual consejero regional José Antonio Berastáin. Las defensas diferenciadas que han preparado, los dos políticos conservadores acusados -que siguen activos en la vida política e institucional balear- intentaron cinco veces que la causa se archivase por prescripción de los supuestos delitos de cohecho y prevaricación continuada. Ahora se proponen pedir amparo al Tribunal Constitucional.
Donaciones millonarias
En cuentas bancarias oficiales del PP y en la relación de pagos a empresas de servicios por gastos electores en 1989 se detectaron ingresos y movimientos bancarios cercanos a los 40 millones de pesetas de supuestas comisiones. Un talón de 1,6 millones apareció en la fundación privada Illes Balears, presidida por Gabriel Cañellas y en la que tenía firma Berastáin.La investigación y la fiscalía creen que la fundación obtuvo presuntamente otros cinco millones de manera anónima e irregular. La entidad ha acumulado en ocho años casi 1.200 millones en donaciones de grandes empresas. La policía y los jueces no han logrado sin embargo datos precisos para identificar quién recogió un maletín con 72 millones de pesetas de otra partida de presuntas comisiones de la empresa del túnel.
Por su parte, el secretario general del PP y vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, desvinculó ayer a la dirección nacional del partido de cualquier relación con el caso Sóller y observó "un intento permanente de trasladar responsabilidades a la dirección del partido".
Álvarez Cascos declaró a Efe que eso es "un intento inútil, porque no hay absolutamente ninguna relación, ni en las responsabilidades personales ni en los recursos económicos que hayan podido moverse en estos asuntos".