Justicia proyecta dejar en dos los cien procedimientos civiles especiales existentes

El secretario de Estado reclama "medios presupuestarios" para aplicar las leyes

El secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, anunció ayer la voluntad del Gobierno del PP de reformar a fondo el proceso judicial. González Montes hizo hincapié en la necesaria simplificación del proceso civil y en la necesidad de reducir a dos los cerca de cien procedimientos especiales ahora existentes. "La dispersión de procedimientos especiales que existen sólo crea despistes" apuntó González. "Mi intención es dejar solamente dos procedimientos especiales: estado civil e incapacitación", añadió.

Abogados y jueces deben manejar ahora hasta cien procedimientos civil...

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El secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, anunció ayer la voluntad del Gobierno del PP de reformar a fondo el proceso judicial. González Montes hizo hincapié en la necesaria simplificación del proceso civil y en la necesidad de reducir a dos los cerca de cien procedimientos especiales ahora existentes. "La dispersión de procedimientos especiales que existen sólo crea despistes" apuntó González. "Mi intención es dejar solamente dos procedimientos especiales: estado civil e incapacitación", añadió.

Abogados y jueces deben manejar ahora hasta cien procedimientos civiles especiales distintos para según qué casos tengan entre manos. El anuncio realizado ayer por José Luis González Montes, en el IV Curso de Periodismo Jurídico, organizado por la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS y los colegios notariales, supondría una importante simplificación.Procedimientos como los relativos a arrendamientos rústicos, quiebras, desahucios, suspensiones de pagos, hipotecas o separaciones matrimoniales no conllevarán trámites y plazos diferentes porque, según el proyecto, ya no habrá excepciones, salvo las dos mencionadas.

La supresión de tantas normas diferentes beneficiará, fundamentalmente, a los abogados. "Uno de nuestros problemas fundamentales es el de saber elegir el procedimiento adecuado", explican en el bufete barcelonés Ferrer Gil, especializado en Derecho Civil. "En cualquier caso, lo que necesitamos no son leyes diferentes, sino más juzgados, más personal en la justicia. Los plazos raramente se cumplen por culpa de este asunto".

El secretario de Estado de Justicia se refirió en cierta forma a este tipo de problemas prácticos al señalar la necesidad de adaptar, por ejemplo, el proceso penal a la entrada en vigor del Código Penal y la Ley del Jurado. "Una cosa es aprobar unas leyes y otra diferente es crear los medios presupuestarios para que sean efectivas, cosa que no se ha hecho", manifestó González en referencia al anterior Gobierno socialista.

El secretario de Estado lanzó un guante al Ministerio de Hacienda al asegurar que la convergencia no puede ser sólo económica, sino también en la justicia, y que el presupuesto para ésta en España es muy inferior a la media de los países de nuestro entorno. Un dinero que será necesario para poder poner en marcha estas reformas y la de la jurisdicción contencioso-administrativa, pendiente aún de la creación de los juzgados de lo contencioso.

Otra de las novedades que anunció el secretario de Estado es la reforma del artículo 240 de la ley del Consejo General del Poder Judicial para permitir recurrir, en caso de sentencia firme, las vulneraciones de derechos fundamentales, tales como la indefensión, que den lugar a nulidad de pleno derecho. Con esta reforma se pretende, según González, evitar la saturación del Tribunal Constitucional en los casos que le llegan por recurso de amparo y hacer que, como indica la Constitución, los tribunales ordinarios puedan amparar a los ciudadanos cuando se vulneren los derechos fundamentales y las libertades públicas.

El catedrático de Derecho Procesal y vocal del CGPJ, Andrés de la Oliva, manifestó, su preocupación por la constante violación del secreto sumarial por el personal de la justicia. Y señaló que se hacía necesario un estudio detenido del tema.

El IV Curso de Periodismo Jurídico, que se desarrolla en Miraflores de la Sierra (Madrid) va a durar hasta el próximo sábado. Hoy miércoles participan, entre otros, Carlos Granados, fiscal general del Estado, y Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior. A lo largo de la semana se contará también con la asistencia, entre otros, de Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción; Rodrigo Rato, vicepresidente segundo del Gobierno, Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, y el magistrado Manuel García Castellón.

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