El Gobierno no entregará al juez ninguno de los papeles del Cesid para "no sentar precedentes"

MIGUEL GONZÁLEZ El Gobierno de José María Aznar no entregará a Baltasar Garzón ni a ningún otro juez los papeles del Cesid sobre los GAL, según han asegurado fuentes del Partido Popular. Si el Gobierno desclasificara un solo documento, agregan las mismas fuentes, "sentaría un peligroso precedente" y causaría un daño irreparable al centro, ya que sus agentes -que con frecuencia tienen que actuar en los márgenes de la legalidad- temerían verse obligados a responder en el futuro ante un juez del contenido de sus informes, mientras que los servicios secretos extranjeros desconfiarían de su homólog...

MIGUEL GONZÁLEZ El Gobierno de José María Aznar no entregará a Baltasar Garzón ni a ningún otro juez los papeles del Cesid sobre los GAL, según han asegurado fuentes del Partido Popular. Si el Gobierno desclasificara un solo documento, agregan las mismas fuentes, "sentaría un peligroso precedente" y causaría un daño irreparable al centro, ya que sus agentes -que con frecuencia tienen que actuar en los márgenes de la legalidad- temerían verse obligados a responder en el futuro ante un juez del contenido de sus informes, mientras que los servicios secretos extranjeros desconfiarían de su homólogo español.

El Gobierno del PP ha lanzado en los últimos días mensajes cada vez más inequívocos para ir preparando a la opinión pública ante su negativa a facilitar los documentos secretos al juez, en contra de lo que mantenía cuando estaba en la oposición. Estos documentos fueron supuestamente sustraídos del Cesid por el coronel Juan Alberto Perote y publicados en parte por el diario El Mundo, pero su autenticidad no ha podido ser comprobada, al negarse el Gobierno del PSOE a entregarlos al juez.

Durante el debate de investidura, el presidente José María Aznar, preguntado expresamente por el líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, prometió colaborar con la Justicia, pero puntualizó: "Si usted me dice: comprométase a entregar todos los secretos oficiales. Yo tendría que decirle: lleguemos a la conclusión de que no hay ningún secreto oficial y que lo mejor es suprimir la legislación".

Posteriormente, tanto el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos como el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, indicaron que seguirán clasificados aquellos papeles del Cesid que, afecten a la seguridad nacional", mientras que podrían ser desclasificados los demás. El jueves, Álvarez Castos dio un paso más al anunciar que la decisión del Gobierno sobre este asunto estará sujeta al cumplimiento de la Ley de Secretos Oficiales".

El criterio que mantuvo el Gobierno socialista cuando negó los documentos a Garzón, y que ahora ha asumido el PP, es que cualquier papel del Cesid, al margen de su contenido, afecta a la seguridad nacional.

En 1986, el Consejo de Ministros declaró secreta la "estructura, organización, medios, procedimientos operativos y fuentes" del Cesid. Dicho acuerdo debería ser revocado para entregar cual quier papel a la Justicia, pues hasta el más inocuo revela alguno de estos aspectos.

Según las fuentes consultadas, un juez que recibiera un documento del Cesid tendría que, llamar a declarar, como mínimo, a la persona que lo redactó y a la que lo recibió, para comprobar la fiabilidad de la información contenida en el mismo, lo que acabaría poniendo al descubierto tanto la identidad de los agentes como sus funciones, fuentes y métodos de trabajo.

Un segundo obstáculo, y no menor, para desclasificar los papeles del Cesid es que, por lo que! ha trascendido de su contenido, la mayoría se refiere a supuestas actuaciones ilegales de miembros de la Guardia Civil, lo que complicaría las relaciones del nuevo Gobierno con el instituto armado, al que se atribuye un papel clave en la lucha contra ETA.

La posibilidad de mantener secretos los papeles que afecten a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entregando al juez sólamente los que revelen posibles responsabilidades de los cargos políticos, también es descartada en medios del PP, pues daría la impresión de que el Gobierno de Aznar utiliza este asunto contra el PSOE.