La OCU denuncia abusos en la venta de viviendas

La mayoría de los contratos de compra de vivienda incluyen cláusulas abusivas e ilegales que conculcan los derechos de los consumidores y que provocan, entre otras cosas, incrementos superiores al 20% en el precio final de los pisos, según denunció ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien interpondrá demandas judiciales en los próximos días contra la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid y la promotora Pryconsa para que desaparezcan estas prácticas de sus contratos.Entre las situaciones abusivas detectadas por la OCU figuran la obligación a subrogarse en el préstamo de...

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La mayoría de los contratos de compra de vivienda incluyen cláusulas abusivas e ilegales que conculcan los derechos de los consumidores y que provocan, entre otras cosas, incrementos superiores al 20% en el precio final de los pisos, según denunció ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien interpondrá demandas judiciales en los próximos días contra la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid y la promotora Pryconsa para que desaparezcan estas prácticas de sus contratos.Entre las situaciones abusivas detectadas por la OCU figuran la obligación a subrogarse en el préstamo del promotor o constructor, imponer al comprador la notaría o gestoría y los gastos que son propios del vendedor y no facilitar información esencial sobre la vivienda.

Además, según la OCU, las promotoras prohiben arrendar la vivienda sin consentimiento del banco y la venta de más del 25% de su patrimonio durante la vida del préstamo, así como la imposición de la firma de una letra como forma de. pago. Las irreguralidades detectadas afectan igualmente a viviendas de protección oficial y de iniciativa privada.

Tras afirmar que estas prácticas son "legalmente posibles pero ilegal su imposición", la OCU recomienda a los consumidores dejar constancia ante el notario del desacuerdo con las condiciones impuestas por la promotora a la hora de formalizar el contrato. A partir de ahí, conviene iniciar acciones judiciales y reclamar indemnización por daños y perjuicios.

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