El Europarlamento aprueba un dictamen posibilista para la reforma de Maastricht
El Parlamento Europeo aprobó ayer un dictamen europeísta que recoge sus propuestas para la conferencia intergubernamental (CIG) que debe reformar el Tratado de Maastricht en la línea del documento avanzado ya por la Comisión Europea. El dictamen de la Eurocámara da cabida también a peticiones nuevas como un consejo de empleo o la adopción de una propia declaración de derechos humanos dentro del tratado. Hubo amargas críticas a Francia y el Reino Unido, que quieren, reducir a la nada la presencia parlamentaria en la CIG.
La amargura de las quejas no se tradujo en uno de los habituales re...
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El Parlamento Europeo aprobó ayer un dictamen europeísta que recoge sus propuestas para la conferencia intergubernamental (CIG) que debe reformar el Tratado de Maastricht en la línea del documento avanzado ya por la Comisión Europea. El dictamen de la Eurocámara da cabida también a peticiones nuevas como un consejo de empleo o la adopción de una propia declaración de derechos humanos dentro del tratado. Hubo amargas críticas a Francia y el Reino Unido, que quieren, reducir a la nada la presencia parlamentaria en la CIG.
La amargura de las quejas no se tradujo en uno de los habituales recitales de extremismo europeísta, y se limitó a incluir en el dictamen una referencia a que la CIG "no puede iniciarse de manera válida sin que el Consejo haya aprobado las modalidades de asociación del Parlamento, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid". La Cámara se encomendó a la buena disposición demostrada estos días por la Comisión y, sobre todo, por la presidencia italiana del Consejo de Ministros, para encontrar una solución a este conflicto antes de la apertura de la conferencia, el 28 y 29 próximos en Turín.El comisario Marcelino Oreja señaló a un grupo de periodistas su convicción de que se encontrará esa fórmula y que ésta se basará en la propuesta de compromiso ofrecida por Italia en Palermo: una reunión mensual entre los ministros de Exteriores y el Parlamento (representado por su presidente, el alemán Klaus Hänsch, y dos diputados), y otra semanal entre estos diputados y los representantes de los ministros en la CIG. Los encuentros serían siempre antes de las reuniones negociadoras y no dentro de éstas, un punto en el que el Parlamento no está aún de acuerdo porque aspira a tener voz durante las discusiones.
La voz parlamentaria se entonó ayer en armonía con el dictamen aprobado el pasado día 28 de febrero por la Comisión Europea: extensión de la mayoría cualificada y reducción del veto en el Consejo de Ministros, hincapié en el problema del paro y el papel de los ciudadanos, comunitarización de las políticas de justicia e interior, impulso a la política exterior común (PESC), un comisario . por país, cohesión económica y social, simplificación del tratado, etcétera.
El Parlamento va más lejos que la Comisión al pedir un consejo de empleo y la elaboración e inclusión en el tratado de una declaración europea de derechos humanos en lugar de adherirse a la ya existente. Esto, a juicio de Marcelino Oreja, conllevaría problemas en su redacción, aunque tendría la ventaja de que el competente para vigilar su cumplimiento sería el Tribunal de Justicia de las Comunidades y no el Tribunal de Estrasburgo. Se queda corto al. admitir que se mantenga el voto por unanimidad, no sólo en cuestiones institucionales, sino en la definición de los recursos propios (aportación de cada Estado a los presupuestos comunitarios), y se desmarca de la Comisión al pedir que la PESC la encarne un comisario, en lugar del tándem Consejo-Comisión.