Los controladores laborales se movilizan en demanda de medios legales y materiales
Los controladores laborales, funcionarios dependientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han iniciado movilizaciones para reclamar una mayor capacidad legal y más medios materiales y en defensa de su tarea inspectora en las empresas. Después de realizar diversos encierros, este colectivo celebrará mañana viernes una asamblea en la que analizará las dificultades que encuentran a diario en su función de garantizar las condiciones legales de los trabajadores y de los centros de trabajo. La mayor parte de los problemas se vienen arrastrando desde la creación de esa categoría de funci...
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Los controladores laborales, funcionarios dependientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han iniciado movilizaciones para reclamar una mayor capacidad legal y más medios materiales y en defensa de su tarea inspectora en las empresas. Después de realizar diversos encierros, este colectivo celebrará mañana viernes una asamblea en la que analizará las dificultades que encuentran a diario en su función de garantizar las condiciones legales de los trabajadores y de los centros de trabajo. La mayor parte de los problemas se vienen arrastrando desde la creación de esa categoría de funcionarios en 1987 y, según los contraladores, se debe a "una defensa corporativa de los inspectores de trabajo".Estas movilizaciones, que cuentan con el apoyo de UGT y CC OO, se producen al tiempo que se elabora el reglamento de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que sigue dejando vacía de contenido la tarea inspectora de los controladores. En estos momentos, según Juan Agut, miembro del colectivo, sus normas de actuación y competencias hacen ineficaz su labor "al incurrir en ilegalidad las actuaciones que realizan en la lucha contra el fraude en el empleo irregular y la economía sumergida". La razón es que la norma no les reconoce capacidad de iniciar la actuación inspectora. También tienen trabas -dependen de otro funcionarío- para la recaudación de cuotas por actas de liquidación a las empresas morosas con la Seguridad Social. Los controladores reclaman además "competencias para poder inspeccionar los contratos laborales y la supresión de la verificación o aprobación del expediente por un inspector de Trabajo".
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