Un subastero logra el desahucio de una familia de Getafe estafada

José Brenes Triguero, de 55 años, un vecino del barrio de La Alhóndiga, de Getafe (144.600 habitantes), estaba encamado la semana pasada convaleciente de un principio de neumonía cuando una carta le "cortó la enfermedad de sopetón". Un juzgado de Barcelona le notificaba su deshaucio y le advertía que sólo disponía de un mes para abandonar su hogar de 64 metros cuadrados. Brenes, que acabó de pagar la vivienda hace siete años, cree haber sido víctima de una estafa, ya que el anterior propietario del piso lo hipotecó una vez acordada la venta, lo que ya mereció una condena de un juez. Sin embarg...

José Brenes Triguero, de 55 años, un vecino del barrio de La Alhóndiga, de Getafe (144.600 habitantes), estaba encamado la semana pasada convaleciente de un principio de neumonía cuando una carta le "cortó la enfermedad de sopetón". Un juzgado de Barcelona le notificaba su deshaucio y le advertía que sólo disponía de un mes para abandonar su hogar de 64 metros cuadrados. Brenes, que acabó de pagar la vivienda hace siete años, cree haber sido víctima de una estafa, ya que el anterior propietario del piso lo hipotecó una vez acordada la venta, lo que ya mereció una condena de un juez. Sin embargo, un subastero acabó haciéndose con la vivienda por una cifra irrisoria: 295.000 pesetas. Ahora José Brenes ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo.La historia del piso de este conserje del Ayuntamiento de Getafe, en el número 31 de la avenida de los Reyes Católicos, se remonta a 1981, cuando Brenes decidió comprárselo a su primer propietario, Pablo Bartolomé. Las condiciones de pago -900.000 pesetas de entrada y 96 letras de 15.000 pesetas- se formalizaron en un contrato privado de compraventa, rubricado en una gestoría de la ciudad, y en el que se especificó que la escritura se firmaría cuando se acabara de desembolsar todo el dinero. Craso error: Bartolomé aprovechó que el piso seguía a su nombre en el Registro de la Propiedad para hipotecarlo, y éste acabó en manos de un subastero profesional. "Antes las cosas se hacían así", se lamenta ahora Brenes, que vive con su mujer, de 54 años.

. La familia ya denunció por estafa al anterior propietario hace siete años, coincidiendo con las primeras cartas del juzgado. Éste fue condenado a un año de cárcel -que no cumplió, por carecer de antecedentes- y a desembolsar ocho millones en concepto de indemnización. "No nos pagó ni un duro porque se declaró insolvente, recuerda José Brenes. Sin embargo, el piso ya estaba en manos del subastero.