El Gobierno prepara la privatización de otro paquete de Repsol el primer trimestre de 1996

El Gobierno, que el viernes aprobó la privatización del 25% de Argentaria, prepara también la enajenación de otro paquete de Repsol, en la que el Estado controla el 21%. La fecha prevista, aunque está por determinar, será en el primer trimestre, por lo que coincidirá o se enlazará con la de Argentaria. El Ejecutivo realizará, de esta manera, dos privatizaciones importantes en la presente legislatura. Para la privatización de Repsol, el Gobierno debe determinar las facultades que se reserva y las cautelas que establece, ya que el Estado puede reducir su participación por debajo del 15%. La colo...

El Gobierno, que el viernes aprobó la privatización del 25% de Argentaria, prepara también la enajenación de otro paquete de Repsol, en la que el Estado controla el 21%. La fecha prevista, aunque está por determinar, será en el primer trimestre, por lo que coincidirá o se enlazará con la de Argentaria. El Ejecutivo realizará, de esta manera, dos privatizaciones importantes en la presente legislatura. Para la privatización de Repsol, el Gobierno debe determinar las facultades que se reserva y las cautelas que establece, ya que el Estado puede reducir su participación por debajo del 15%. La colocación que se estudia afectará a un capital entre el 6% y el 10% del grupo petrolero.

El Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad que aglutina a Repsol y al grupo Teneo, están elaborando el decreto que, como desarrollo de la Ley de Enajenación de participaciones públicas, establecerá las actividades y decisiones que deben ser consultadas por Repsol al Gobierno después de la próxima privatización del grupo petrolero. De acuerdo con el calendario previsto, el mencionado decreto debe ser aprobado según los términos establecidos por la Ley de Enajenaciones antes del 1 de enero de 1996.De esta forma, el Gobierno puede autorizar la venta de un nuevo tramo de capital público de Repsol en el primer trimestre de 1996, según fuentes solventes. La nueva privatización de la petrolera no puede hacerse en lo que queda de año porque se requiere el Decreto de enajenación -la participación pública en Repsol puede reducirse por debajo del 15%- y también porque la privatización del grupo italiano ENI (Ente Nazionale de Idrocarburi) está saturando acciones petroleras los mercados europeos.

Opciones

En estos momentos, los cálculos que realiza el Gobierno se centran en el 6% de la participación pública en Repsol (el Estado tiene el 21%) como mínimo. El aumento de ese porcentaje hasta un máximo del 10% depende de la situación del mercado, tanto nacional como internacional, en el momento en que se haga la colocación.La evaluación del volumen de privatización y las condiciones está en sus primeras etapas y se supone que responderá al mismo esquema que en colocaciones anteriores, con un tramo minorista y otro institucional y colocaciones en España, Europa y Estados Unidos.

Como corresponde a una etapa inicial de decisión, también se analizan otros modelos de colocación, menos probables que el mencionado. Uno de ellos, por ejemplo, sería colocar acciones solamente en un tramo institucional en el caso de que la autorización final de venta sea pequeña (no rebase el 6%). Este modelo permitiría reforzar una participación institucional -lo que en la jerga políticoeconómica se conoce como núcleo duro-, importante para la gestión de la compañía.

En la hipótesis mínima, es decir, que el Estado se desprenda del 6% de su participación el control público quedaría reducido al 15%, el límite por de bajo del cual sería necesario aplicar la Ley de Enajenación de determinados Activos Públicos para que el Gobierno mantuviera su capacidad de decisión sobre cuestiones estratégicas que afectan a la compañía.

En esta hipótesis, Repsol vendería a accionistas privados unos 18 millones de acciones. Al precio actual de mercado -3.650 pesetas por acción ayer- el Estado percibiría unos 65.650 millones de pesetas, cantidad a la que habría que restar los gastos del proceso de privatización.

En la hipótesis máxima, que aproximaría la colocación al 10% del capital -existen, las naturales precauciones por si el mercado tiene dificultades para absorber un volumen elevado de capital público-, Repsol pondría a la venta 30 millones de acciones. Al precio de mercado, el accionista Estado, a través de la SEPI, obtendría por la enajenación casi 110.000 millones de pesetas -menos los consabidos gastos de gestión- y la participación pública descendería hasta el 11%. En ambas hipótesis se mantiene inalterada la gestión empresarial y profesional del grupo petroquímico.

La prevista privatización de Repsol sería la cuarta colocación masiva de acciones entre particulares e instituciones. No obstante, ha habido otras colocaciones realizadas mediante venta directa del Estado (a través del desaparecido Instituto Nacional de Hidrocarburos, INH) o el canje de bonos (véase gráfico).