El Gobierno plantea congelar las tierras de regadío y aumentar el precio del agua
La creación de regadíos adicionales no justifica que se colonicen tierras de seca no como hasta ahora, cuando no hay agua para dotarlas. Además, un 28% de los regadíos existentes están infradotados. Éstos son los puntos de partida del plan nacional de regadíos, cuyo avance será presentado hoy por el ministro de Agricultura, Luis Atienza, a los consejeros autonómicos. En este documento se plantea congelar el número de hectáreas de regadío en 10 años, aumentar el precio del agua para el campo -a través de la aplicación de tarifas progresivas- y crear un mercado del agua.
El plan cuestiona...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La creación de regadíos adicionales no justifica que se colonicen tierras de seca no como hasta ahora, cuando no hay agua para dotarlas. Además, un 28% de los regadíos existentes están infradotados. Éstos son los puntos de partida del plan nacional de regadíos, cuyo avance será presentado hoy por el ministro de Agricultura, Luis Atienza, a los consejeros autonómicos. En este documento se plantea congelar el número de hectáreas de regadío en 10 años, aumentar el precio del agua para el campo -a través de la aplicación de tarifas progresivas- y crear un mercado del agua.
El plan cuestiona las demandas de nuevos regadíos del Plan Hidrológico, cifradas inicialmente en 3,5 millones de hectáreas.De hecho, esta previsión ya se ha ido recortando a la luz de los debates entre partidos políticos, ministerios, grupos ecologistas y expertos. En estos momentos, y tras sendas reducciones a 2,2 y 1,1 millones, se cifran en 600.000 hectáreas, aunque no se descartan nuevos recortes, en línea con la propuesta de Agricultura que empieza a analizarse hoy.
El plan de regadíos, realizado con el horizonte del 2005, propone eufemísticamente actualizar estas cifras. "Deben de limitarse, porque su demanda se ha hecho desde posiciones maximalistas: pedir lo máximo a los Reyes Magos, que ya vendrá, la negociación del Plan Hidrológico con las rebajas", dice textualmente.
El Ministerio de Agricultura incorpora una inusual perspectiva medioambiental en apoyo de estos recortes. En España hay catalogados 550 espacios naturales con 2'5 millones de hectáreas. Su protección debe compatibilizarse con la agricultura, en el marco de un desarrollo sostenible, ya que el agua comienza a ser un recurso no renovable. Prueba de ello es que 51 acuíferos desde los que se bombea agua para distintos usos soportan un déficit de 710 hectómetros cúbicos al año. Y que, de los 3,4 millones de hectáreas de regadíos en explotación hoy en España, 1,2 millones están infradotados.
Otro argumento que esgrime Agricultura para congelar el número de hectáreas de regadío: antes de avanzar en otra dirección, hay apostar por modemizar y consolidar los actuales, teniendo en cuenta su viabilidad y rentabilidad, las limitaciones climáticas, la sopreexplotación de los acuíferos y la revisión de las garantías otorgadas. A esta modernización se destinarían más de 742.000 millones de pesetas.
Explotaciones abandonadas
Además de las 3,4 millones de hectáreas de regadío existentes, hay cientos de miles declaradas de interés que carecen de infraestructuras. En algunos casos, las instalaciones que un día comenzaron a construirse están abandonadas porque nunca llegó el agua prometida o por desinterés de la población. De las 428.592 hectáreas declaradas de interés, habría que revisar 123.000 y actuar sólo en el resto hasta el horizonte del año 2005.El documento de Agricultura denuncia la discriminación que sufren los regantes de aguas subterráneas (el 25%), quienes asumen íntegramente todos los costes del agua, frente a los de aguas superficiales, que cuentan con el apoyo de los contribuyentes. Para evitar esta discriminación, el plan contempla la implantación de unas tarifas en función de las regiones o tipos de cultivos e introduce un criterio binómico (por superficie y cantidad de agua) de carácter progresivo. Hasta ahora se paga sólo por superficie. La introducción de estas tarifas supondrá inevitablemente un aumento del precio del agua. En este sentido, Agricultura recomienda que su implantación no se haga "de una vez, sino a lo largo de diez o quince años para suavizar las posibles tensiones".
El plan advierte, sin embargo, que el incremento de tarifas no es la estrategia más contundente para estimular el ahorro, en contra de lo planteado por los expertos. Dicho esto, admite flexibilizar la cesión temporal, de concesiones (algunas de origen medieval) mediante mecanismos que faciliten compensaciones económicas, con lo que abre la puerta a la creación de un mercado o banco de agua.
Su pronunciamiento sobre los trasvases es muy cauteloso. Afirma que la repercusión de su coste y la evaluación de su competitividad futura ajustará la demanda hasta situarlos en términos razonables. Dice que las conducciones "deberán ser flexibles en origen y destino y se debe compensar a las cuencas donantes con reasignación de recursos y una garantía de caudales para no comprometer su futuro".