El Gobierno acusa al juez de "invasión de competencias"

El Ministerio de Defensa rechazó ayer la petición de los documentos del Cesid sobre la guerra sucia, reclamados por el juez Baltasar Garzón, con el argumento de que el magistrado se arroga competencias de las que carece por estar legalmente atribuidas al Consejo de Ministros. Estas competencias son las de clasificar, desclasificar o cancelar las materias clasificadas como secretas. El texto del Gobierno, en el que plantea el conflicto de jurisdiccíón, rechaza también que el juez Garzón pueda conocer el lugar concreto, dentro de la estructura y organización del Cesid, donde radica la doc...

El Ministerio de Defensa rechazó ayer la petición de los documentos del Cesid sobre la guerra sucia, reclamados por el juez Baltasar Garzón, con el argumento de que el magistrado se arroga competencias de las que carece por estar legalmente atribuidas al Consejo de Ministros. Estas competencias son las de clasificar, desclasificar o cancelar las materias clasificadas como secretas. El texto del Gobierno, en el que plantea el conflicto de jurisdiccíón, rechaza también que el juez Garzón pueda conocer el lugar concreto, dentro de la estructura y organización del Cesid, donde radica la documentación así como la identidad de las personas destinadas en el mismo.

El Gobierno argumenta "no ya un desconocimiento sino una pretensión de inobservancia de la Ley de Secretos Oficiales" frente al razonamiento del juez Garzón al requerir la documentación por haber dejado de "ser materia secreta y reservada" al haber sido. explicada en la Comisión de Secretos Oficiales del pasado 2 de octubre y por la circunstancia de haber sido publicada en un diario. "Un acto ilegal como es la filtración y posterior publicación de un documento legalmente clasificado como secreto no puede, en modo alguno, determinar su desclasificación automática, como se afirma por el juez requirente". La conclusión del Gobierno es que "una infracción del ordenamiento jurídico no puede servir nunca de justificación para enervar o eludir el cumplimiento de la Ley sobre Secretos Oficiales".

El Gobierno responde también al juez que "no se puede insinuar que por el poder legislativo o el ejecutivo, encarnado en el Consejo de Ministros, se pretenda amparar con su actuación la comisión de hechos delictivos futuros o pretéritos, poniendo en entredicho, sin base fáctica real alguna, la actuación de los referidos poderes". El juez, en su requerimiento, había señalado que había optado por "no permitir con la Ley de Secretos Oficiales zonas de impunidad para determinadas personas que temporalmente ostenten cargos en la Administración u otras instituciones del Estado".

"Seguridad jurídica"

Otro argumento que utiliza el Ministerio de Defensa para rechazar la petición del juez Garzón es que "no parecen haberse sopesado bien las consecuencias que se derivarían" del planteamiento del magistrado requirente al que califica de "meramente dialéctico de la cuestión" y "carente de razonamiento jurídico alguno". "Ninguna investigación judicial se puede practicar inaplicando o violentando una ley aplicable al caso ni obligando a conculcarla a quienes, por su cargo o responsabilidad, tienen el deber legal y específico de guardarla. Hoy cede la Ley de Secretos Oficiales y mañana sería otra, con lesión del principio de seguridad jurídica. El límite, también el de una investigación judicial, está siempre en la ley, que no tiene por qué producir zonas de impunidad", argumenta el texto del Gobierno.