Cuatro años de retraso

El programa del Consorcio debía haberse cumplido en 1991. En su momento se creó para realojar a 2.186 familias chabolistas, la mayoría gitanas, a las que se añadieron después otras 484 del Pozo del Huevo (Puente de Vallecas). Pero todavía quedan 895 viviendo en favelas.Además, los 10 campamentos de prefabricados en los que habitan cerca de un millar de familias se construyeron como alojamientos provisionales destinados a su desaparición una vez que sus moradores estuviesen "preparados" para vivir en pisos. Y siguen en pie. La situación se ha complicado aún más con la construcción del millar d...

El programa del Consorcio debía haberse cumplido en 1991. En su momento se creó para realojar a 2.186 familias chabolistas, la mayoría gitanas, a las que se añadieron después otras 484 del Pozo del Huevo (Puente de Vallecas). Pero todavía quedan 895 viviendo en favelas.Además, los 10 campamentos de prefabricados en los que habitan cerca de un millar de familias se construyeron como alojamientos provisionales destinados a su desaparición una vez que sus moradores estuviesen "preparados" para vivir en pisos. Y siguen en pie. La situación se ha complicado aún más con la construcción del millar de chabolas ilegales.

La tarea que queda es difícil. El Ayuntamiento y la Comunidad deben definir la aportación de cada una en dinero y en viviendas ya que el convenio inicial de funcionamiento de este organismo expiró en 1993.En los últimos cuatro años, con la Comunidad gobernada por el PSOE y el Ayuntamiento por el PP, el caballo de batalla fue, precisamente, qué es lo que debía poner cada institución.

Los enfrentamientos se sucedieron. El caso de las nuevas viviendas para los chabolistas de La Celsa puede servir para ilustrar la situación. Estas casas bajas, con forma de bunker, encarecieron su coste de edificación en 200 millones de pesetas después de dos años de discusiones sobre quién pagaba las obras tras la suspensión de pagos de la constructora.

Pero el goteo en la adjudicación de viviendas fue la peor consecuencia de la falta de entendimiento institucional. De 1993 a 1995, las dos administraciones prometieron ceder 800 pisos públicos entre las dos. Al final, el Ayuntamiento aportó 129 pisos y el gobierno regional 69 viviendas y 82 prefabricados.