El primer ministro Juppé implicado en un intento de tapar su caso de corrupción

La oposición socialista pidió que el Servicio Central de Prevención de la Corrupción (SCPC) emitiera un dictamen sobre los privilegios de vivienda concedidos por Alain Juppé a su hijo. El dictamen estaba previsto para el próximo lunes. Una revista anticipó el miércoles que el dictamen iba a ser negativo para el primer ministro. El ministro de Justicia anunció inmediatamente la dimisión del jefe del servicio anticorrupción y le prohibió que presentara su dictamen. Pero el juez respondió que no había dimitido y que seguiría en su puesto. Éste es, en síntesis, el caso que enfrenta al Gobierno fra...

La oposición socialista pidió que el Servicio Central de Prevención de la Corrupción (SCPC) emitiera un dictamen sobre los privilegios de vivienda concedidos por Alain Juppé a su hijo. El dictamen estaba previsto para el próximo lunes. Una revista anticipó el miércoles que el dictamen iba a ser negativo para el primer ministro. El ministro de Justicia anunció inmediatamente la dimisión del jefe del servicio anticorrupción y le prohibió que presentara su dictamen. Pero el juez respondió que no había dimitido y que seguiría en su puesto. Éste es, en síntesis, el caso que enfrenta al Gobierno francés contra la magistratura: un nuevo problema para un Juppé en horas bajas.

Un sindicato de jueces progresistas dijo que los métodos gubernamentales eran "dignos de una república bananera" y el secretario general del Partido Socialista, Henri Emmanuelli, escribió ayer al presidente Jacques Chirac para pedirle que preservara la independencia judicial. Jacques Toubon, ministro de Justicia y muy próximo a Chirac, ha retado a un insólito pulso a la judicatura al tratar de proteger a su jefe, el primer ministro, frente a la amenaza de un dictamen comprometedor.El SCPC fue creado en 1993 por el primer ministro socialista Pierre Bérégovoy, con la misión de detectar posibles delitos en la actuación de cargos públicos y orientar a los tribunales.

Según el semanario L´Express, el juez Bernard Challe detectó -a diferencia de la fiscalía parisina- un posible delito de injerencia por parte de Juppé. El presunto delito fue cometido en 1993, cuando el hoy primer ministro era adjunto al alcalde de París (Jacques Chirac) y responsable del gran parque inmobiliario de la ciudad. Juppé pidió a un subordinado que se concediera un piso de renta limitada a su hijo Laurent, cosa cumplida sin demora, y meses más tarde pidió que se rebajara el alquiler de su retoño de 7.000 a 6.000 francos mensuales.

En julio pasado, cuando la prensa denunció que toda la familia Juppé disponía de viviendas privilegiadas, el primer ministro declaró que en ningún caso había habido trato de favor y que, en el caso concreto de su hijo, su propósito había sido "evitar una escalada en los precios de la vivienda protegida".

El asunto es grave. Le Monde, en su edición con fecha de hoy, afirma que Juppé se enfrenta a "una cuestión de Estado sumada a una crisis de confianza en el seno de la magistratura". El ministro de Justicia, Jacques Toubon, mantiene que el servicio anticorrupción no debe emitir dictamen alguno porque el caso que estudia ya fue descartado por la Fiscalía. De dictaminar, dice el ministro, el servicio actuaría impropiamente como una instancia de apelación. Pero tras esta argumentación hay una larga serie de presiones sobre el juez Challe, quien sigue, pese a la "dimisión" anunciada por el Ministerio de Justicia. Y toda la clase política está a la espera del controvertido dictamen.