El concesionario del túnel de Sóller no aclara si pagó comisiones al PP
El financiero mallorquín Antonio Cuart, que en noviembre de 1988 obtuvo del Ejecutivo balear, gobernado por el PP, la concesión y explotación del túnel de peaje de Sóller (Mallorca) sigue sin negar que entregara comisiones a dirigentes populares de las islas. Cuart, a través del letrado- Juan Feliu, ha declinado esclarecer la raíz del, escándalo del caso Sóller, que ha desembocado en el doble cese del presidente del Gobierno balear y del PP de las islas, Gabriel Cañellas. En medios de la dirección del PP balear se lamenta el silencio del empresario, que es socio Privado de Cañellas en l...
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El financiero mallorquín Antonio Cuart, que en noviembre de 1988 obtuvo del Ejecutivo balear, gobernado por el PP, la concesión y explotación del túnel de peaje de Sóller (Mallorca) sigue sin negar que entregara comisiones a dirigentes populares de las islas. Cuart, a través del letrado- Juan Feliu, ha declinado esclarecer la raíz del, escándalo del caso Sóller, que ha desembocado en el doble cese del presidente del Gobierno balear y del PP de las islas, Gabriel Cañellas. En medios de la dirección del PP balear se lamenta el silencio del empresario, que es socio Privado de Cañellas en la sociedad Salinera Española. Un informe realizado por la policía y expertos de Hacienda, bajo la dirección del juez Pedro Barceló, ha documentado cómo Antonio Cuart desvió, supuesta mente, en enero de 1989, un pagaré del Tesoro de 50 millones de pese tas. Estos fondos fueron a parar a cuentas del PP de Baleares, y a proveedores de sus campañas electorales de 1989.
Cuart no ha prestado declaración ante el juez Barceló en el su mario que se le instruye por su puesta estafa, falsedad y apropiación indebida. únicamente ha comparecido en otro sumario en Madrid por la compra de una factura falsa de 131 millones. Ante el juez de Madrid, Cuart negó que hubiera pagado comisiones al PP.
Por otra parte, el pasado viernes el PP balear entregó un resumen de sus cuentas de ingresos y pagos. del segundo semestre de 1989 al magistrado Juan López Gayá, del Tribunal Superior de Baleares que instruye la querella de IU contra él Gobierno de las islas por presunta prevaricación en la concesión del túnel.
En paralelo, Lopez Gayá pidió que el Banco Sanpaolo (antigua Banca Matutes) entregara los extractos de los movimientos de las cuentas del PP para cotejar la información y detectar si existió financiación irregular o donaciones vinculadas a la concesión.