El derecho a no juzgar

La noticia del pasado día 12 en este periódico venía en página par (la 22) y ocupaba tan poco espacio como los anuncios de libros. No resultaba invisible, pero tampoco se la destacaba. Es un indicio de que pueda acogerse con indiferencia o -como suele ocurrir con cuanto se refiere a este asunto- con aplauso. Desde luego incluía el autoaplauso, aunque eso lo llevan todas las noticias últimamente por parte de quienes las protagonizan o se limitan a darlas. Y sin embargo es una de las noticias más graves que he leído en meses, y todos sabemos que de ésas no han faltado.Hace año y pi...

La noticia del pasado día 12 en este periódico venía en página par (la 22) y ocupaba tan poco espacio como los anuncios de libros. No resultaba invisible, pero tampoco se la destacaba. Es un indicio de que pueda acogerse con indiferencia o -como suele ocurrir con cuanto se refiere a este asunto- con aplauso. Desde luego incluía el autoaplauso, aunque eso lo llevan todas las noticias últimamente por parte de quienes las protagonizan o se limitan a darlas. Y sin embargo es una de las noticias más graves que he leído en meses, y todos sabemos que de ésas no han faltado.Hace año y pico publiqué aquí mismo una columna titulada Emblema y caso en la que exponía mis recelos ante la implantación del sistema de jurados en España y, aceptándolo como una más de las "prácticas democráticas" con que nos vamos adornando mientras cada vez se ejercen menos las principales, decía que no me podía sentir contento con ello. Aunque la memoria del lector de periódicos es corta o nula, no voy a insistir sobre aquello, porque lo que ahora he sabido merced a la noticia del día 12 tiene mucha más importancia. En ella se anunciaba que 510.000 españoles serán convocados después del verano para ser jurados, según había declarado por radio la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Ferrández de la Vega. "Cualquier ciudadano está en condiciones de juzgar", afirmaba, "porque con el modelo aprobado no va a tener ningún tipo de problema". Y añadía con irresponsabilidad y jactancia: "Ser jurado es un honor y como tal hay que vivirlo, al poder participar en un poder real". La peor parte venía luego: "Fuera de las excepciones permitidas -los condenados a prisión, los profesionales de la ley, diputados, senadores, miembros del Gobierno y los mayores de 65 años, entre otros-, ningún español podrá rechazar ser parte del jurado". Y se concluía: "Los delitos que juzgarán son los cometidos contra personas en general, desde el asesinato hasta el incendio forestal"

Aparte de elevar a los bosques a la categoría de personas en un gesto de indudable ecologismo; aparte de la frivolidad de considerar "un honor" el hecho de "poder participar en un poder real" (luego normalmente no lo hacemos, se infiere, ni siquiera al votar, y además se supone que el poder es en sí mismo un honor); aparte de la todavía mayor frivolidad de afirmar que todos tenemos capacidad para juzgar no porque estemos naturalmente dotados de esa facultad, sino gracias al sencillo modelo aprobado por la señora Fenández de la Vega y su ministerio; aparte de todas estas trivialidades ofensivas para el ciudadano, nos encontramos con que no podremos "rechazar" el honor en cuestión si nos vemos agraciados por el sorteo. Eso quiere decir que se nos obligará a ser jurados, lo queramos o no. Me imagino que todo ello será legal y constitucional, porque si no no se haría. No por ello dejaría de parecerme una imposición injustificable, un abuso de autoridad, un atentado contra la libertad de las personas, una conminación.

La actividad de juzgar es siempre algo elegido, que depende de la voluntad. Hay gente que prefiere abstenerse de hacerlo, incluso en su vida, particular, o que lo hace sólo para sus adentros, en la seguridad de que su juicio subjetivo no va a afectar a nadie ni va a tener consecuencias. Por poner un ejemplo inocuo, hay escritores que declinan ser jurados de premios literarios porque no quieren que alguien gane o deje de ganar algo por su intervención o por su gusto literario personal. Ante la posibili dad de tener que juzgar si al guien es o no culpable de un asesinato, con todas las repercusiones de su voto o su decisión, esas personas se sentirán brutalmente violentadas. Yo me pregunto según qué principio se puede obligar a nadie a ejercer una actividad que le repugna, para la que no se siente preparado o en la que debe regirse por unos criterios que en modo alguno le convencen. El criterio que deberán seguir los jurados al juzgar será, imagino, el de las leyes vigentes. Pero hay muchas leyes que los ciudadanos acatamos porque no hay más remedio y con las que sin embargo no estamos de acuerdo, según -justamente- nuestro juicio o discernimiento particular. ¿Qué deberá hacer un jurado "por sorteo" en esos casos? Si ha de juzgar estrictamente según la ley, entonces no veo la necesidad ni la ventaja de tal sistema: los jueces ya se atienen a la ley, como profesionales e instrumentos de la justicia (ciega) que son. Si por el contrario los jurados pueden hacer intervenir su propio criterio en cada ocasión, entonces es que las leyes sobran, tal vez. Porque no se trata de dilucidar simplemente si un acusado es o no culpable de un delito, sino que en nuestra subjetividad juzgadora podemos considerar que lo que las leyes tienen por delito no debería serlo, y para nosotros no lo es. Por seguir con ejemplos inocuos: el actor Hugh Grant fue detenido por la policía de Los Ángeles mientras se sometía a una puta a la que había pagado porque las leyes de Califomia establecen que eso es un delito. Si yo fuera jurado en el proceso titulado "El Estado de California contra Hugh Grant", consideraría que el delito era más bien del Estado de California por juzgar delito semejante encuentro, una mera transacción conveniente para los dos sujetos implicados en ella (placer para uno y dinero para la otra, lo que ambos andaban buscando aquella noche) y sin más daños a terceros que el derivado del probable disgusto de la señorita Hurley, novia de Grant, algo en lo que la justicia no tiene por qué intervenir.

Pero hay algo más: yo no veo por qué los ciudadanos han de ser obligados a ejercer de jurados ocasionalmente y no son obligados, en cambio, a patrullar las calles de vez en cuando con uniforme, a hacer de bomberos un día al año, a sentarse en el Congreso de los Diputados o en los Consejos de Ministros de tanto en tanto o a pasar consulta psicológica en las clínicas públicas, también por sorteo. La población paga a través de sus impuestos una serie de servicios; para ellos delega en personas más o menos entrenadas que actúan como instrumentos suyos (en el mismo sentido en que Ferlosio calificó así recientemente a los médicos en huelga). Está, por tanto, enteramente fuera de lugar que luego deba renunciar a esa delegación para ejercer directa y obligatoriamente ese "poder real" al que se refería la secretaria de Estado de Justicia.

Si la implantación del sistema de jurados es un hecho y a éstos se los va a designar por sorteo, lo menos que debe admitir el proyecto o modelo es que los "beneficiados" puedan rechazar el "honor" si va contra sus principios, su carácter, sus costumbres o su voluntad. De otro modo, pronto tendremos una nueva figura que irritará a nuestros Gobiernos, el presente y los por venir: el objetor de conciencia al jurado. Y habrá que ir pensando en solicitar un nuevo derecho fundamental de las personas: el derecho a no juzgar.