Regates del alcalde sobre la adjudicación a Decaux

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no sabe si puede firmar un contrato con el Ayuntamiento un condenado por cohecho y soborno, como es el caso de Jean Charles Decaux, presidente de Cenamusa (la empresa adjudicataria del mobiliario urbano de Madrid). Decaux fue condenado en 1992 en Bélgica a un año de prisión (que no cumplió al carecer de antecedentes) por ofrecer compensaciones al alcalde de Lieja, el socialista Édouard Close, a cambio de instalar allí sus muebles (véase EL PAÍS del jueves).Para determinar si es legal o no, según explicó ayer el propio Álvarez del Man...

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no sabe si puede firmar un contrato con el Ayuntamiento un condenado por cohecho y soborno, como es el caso de Jean Charles Decaux, presidente de Cenamusa (la empresa adjudicataria del mobiliario urbano de Madrid). Decaux fue condenado en 1992 en Bélgica a un año de prisión (que no cumplió al carecer de antecedentes) por ofrecer compensaciones al alcalde de Lieja, el socialista Édouard Close, a cambio de instalar allí sus muebles (véase EL PAÍS del jueves).Para determinar si es legal o no, según explicó ayer el propio Álvarez del Manzano a este periódico, el Gobierno municipal echa mano del secretario general, Mario Corella, máxima autoridad jurídica consultiva del Ayuntarniento. A su vez, Corella explicó a EL PAÍS el jueves que "no hay jurisprudencia" (otros casos juzgados) sobre otros hechos similares.

Álvarez del Manzano regateó de esta forma las preguntas planteadas ayer por EL PAÍS sobre la contratación de empresas cuyos titulares hayan sido condenados:

Pregunta. Si el Gobierno municipal conociera que ha contratado a una empresa presidida por un condenado por soborno y cohecho, ¿rescindiría el contrato o lo mantendría?

Respuesta. Pues haríamos como hacemos siempre. Se lo remitiríamos al secretario general de este Ayuntamiento, que es quien vela por la juridicidad de los acuerdos y la validez de las ofertas que se presenten. Nos atendríamos al dictamen del secretario general.

P. Pero usted tendrá un* criterio sobre la contratación con empresarios condenados...

R. El criterio es que se dé cumplimiento rigurosísimo de la legislación vigente. Ahí no hay criterios políticos, hay criterios jurídicos. Aquí no puede uno andar por impulsos, sino atenerse a la ley.

P. La Ley de Contratos impide a los condenados contratar con la Administración.

R. Puede, pero hay que determinar las circunstancias. Eso no se determina por impulsos o por aficionados sino por profesionales del derecho. Y tiene específicamente que tener el dictamen del que lo diga la validez para que sea vinculante. Aquí en el Ayuntamiento tenemos una organización que vela por ese asunto. En alguna referencia de prensa que yo leía ayer [EL PAÍS del 12 de julio] [se decía] que se ha producido alguna incidencia que el autor puede enjuiciar, nosotros no enjuiciamos, nos atenemos al dictamen del secretario general.

P. ¿Quienes serían los aficionados?

R. Cualquiera que hable sin tener la titulación ni la competencia suficiente.