La acusación pide mas de 400 años para dos imputados en el 'caso Azpiegitura'

La acusación particular en el caso Azpiegitura, una presunta estafa de 571 millones en la construcción de un edificio de la Diputación de Vizcaya, ha solicitado más de 222 años de prisión para el constructor Iñaki Ereño, vinculado al PNV, por estafa y falsificación de, documentos y 210 para el arquitecto socialista Alberto López por delitos similares. El abogado de esa institución ha imputado delitos a otras siete personas, pero no ha acusado al gobernador civil, Daniel Arranz. La juez instructora imputó a éste un delito de prevaricación por aprobar una ampliación presupuestaria de ...

La acusación particular en el caso Azpiegitura, una presunta estafa de 571 millones en la construcción de un edificio de la Diputación de Vizcaya, ha solicitado más de 222 años de prisión para el constructor Iñaki Ereño, vinculado al PNV, por estafa y falsificación de, documentos y 210 para el arquitecto socialista Alberto López por delitos similares. El abogado de esa institución ha imputado delitos a otras siete personas, pero no ha acusado al gobernador civil, Daniel Arranz. La juez instructora imputó a éste un delito de prevaricación por aprobar una ampliación presupuestaria de 334 millones sin preocuparse por conocer los pormenores del proyecto.

El letrado de la acusación particular ha exigido a los nueve acusados que indemnicen á la Diputación con 1.100 millones y, para que se paguen, ha pedido que se determine la responsabilidad civil subsidiaria de la universidad cántabra y del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.

La novedad en la calificación provisional del representante de la Diputación es que el gobernador no resulta acusado. La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Olatz Aizpurua, había imputado a Arranz un delito de prevaricación por su "desidia y despreocupación" a la hora de aprobar una reforma del proyecto mientras fue miembro del Consejo de Administración de Azpiegitura. Arranz presentó por este motivo su dimisión al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, quien le mantuvo en el cargo. Tampoco hay acusación contra dos imputados por la juez: Héctor Garrido, colaborador de López, y J. L. García de Juan, un vocal del Consejo.

72 años para Llorens

Quien sí sale peor parado es el socialista Juan Llorens, diputado foral de Urbanismo hasta el 12 de abril de 1994, cuando presentó su dimisión para "poder defenderse mejor de las acusaciones" y no erosionar la imagen de los socialistas vascos, tocados también en ese momento por el escándalo de enchufismo en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). Llorens es acusado de cinco delitos de estafa, prevaricación y falsificación de documentos mercantiles y privados. La acusación pide para él 72 años de prisión y 12 de inhabilitación especial.El resto de los acusados son los profesores Jesús Saiz de Omeñaca, de la Universidad de Cantabria, y Roberto Idiondo, de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, quienes con sus informes avalaron presuntamente la inexistente cimentación (se piden para ellos 192 años de prisión por estafa y 12 por falsificación documental); el brazo derecho de Llorens, Javier Martínez (PNV) (60 años de cárcel por estafa y 12 por falsificación y 12 de inhabilitación especial por prevaricación), y la arquitecta colaboradora de López, Isabel Diego; el aparejador propuesto por Llorens, Federico Lorenzo, y otro más, Enrique Tomás Almenara (192 años por estafa y 12 por falsificación).