Un consejero de la Generalitat acusado de malversación dice que se querellará

El consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, Jaume Roma, aseguré ayer que se querellará contra los empresarios que han presentado una querella contra él por un presunto delito de malversación al favorecer a una constructora -la misma que edificó su chalé- con obras de la Generalitat.Roma expresó su "absoluta indignación" por la presentación de la querella, basada en "falsedades, injurias y calumnias", por lo que, aseguró, "tomaré las oportunas acciones legales por daños y perjuicios".

Un grupo de empresarios de la construcción presentó el pasado viernes ante la Audienci...

El consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, Jaume Roma, aseguré ayer que se querellará contra los empresarios que han presentado una querella contra él por un presunto delito de malversación al favorecer a una constructora -la misma que edificó su chalé- con obras de la Generalitat.Roma expresó su "absoluta indignación" por la presentación de la querella, basada en "falsedades, injurias y calumnias", por lo que, aseguró, "tomaré las oportunas acciones legales por daños y perjuicios".

Un grupo de empresarios de la construcción presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional una querella contra Roma en la que le acusa de haberse beneficiado de los favores de la empresa Triad, que se encuentra actualmente en quiebra.

Los querellantes sostienen que esta empresa dejó de cobrar una suma importante de dinero por la construcción del chalé que Roma posee en la localidad barcelonsa de Canovelles. Triad realizo numerosas obras para el Departamento de Sanidad en la época en que Roma era director del Servicio Catalán de Salud. Según los querellantes, el coste de la obra del chalé ascendió a 89 millones de pesetas a precio de coste, de los que Roma sólo habría pagado unos 15 millones.

Antoni Pascual, abogado de los demandantes, señaló que "la demanda se presentó ante la Audiencia Nacional dada la pluralidad de afectados". Según la misma fuente, la responsabilidad civil derivada de los hechos denunciados asciende a 500 millones de pesetas. Fuentes próximas a la Audiencia señalan que es posible que ésta se declare incompetente porque los hechos denunciados no implican un peligro grave para la economía nacional.