Un tribunal devuelve cuatro hijas a su madre y afirma que un niño no es "para confiscar"

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado a la Dirección General de Atención al Menor y a la Familia de Canarias la devolución de cuatro niñas, que fueron declaradas en situación de desamparo, a su madre, Juana Carballo Fuentes.El juez advierte que "la situación de desamparo de un menor es un medio para protegerlo ( ... ) como un ser humano, miembro de una familia, no para tratarlo como una cosa para confiscar, para requisar, por no se sabe qué intereses o razones".

Tres de las niñas fueron declaradas en situación de desamparo el 15 de marzo de 1994, y la cuarta, el 21 de febrer...

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado a la Dirección General de Atención al Menor y a la Familia de Canarias la devolución de cuatro niñas, que fueron declaradas en situación de desamparo, a su madre, Juana Carballo Fuentes.El juez advierte que "la situación de desamparo de un menor es un medio para protegerlo ( ... ) como un ser humano, miembro de una familia, no para tratarlo como una cosa para confiscar, para requisar, por no se sabe qué intereses o razones".

Tres de las niñas fueron declaradas en situación de desamparo el 15 de marzo de 1994, y la cuarta, el 21 de febrero del mismo año. La madre ingresó a ésta en el hospital materno-infantil de Gran Canaria para ser tratada de una cardiopatía. La sala relata cómo esta niña fue trasladada a Madrid para ser operada, sin conocimiento de la madre, que sólo se enteró cuando llegó un día a visitar a su hija y encontró vacía la cuna del hospital canario. Posteriormente la niña regresé al centro sanitario y después la trasladaron a una residencia de menores. Todo ello sin conocimiento de la madre, que se fue enterando de las novedades en sus visitas periódicas.

El tribunal reconoce que Juana Carballo y sus hijas vivían en una chabola, con penurias económicas, pero indica que "no consta que se adoptara medida alguna para remediar esta situación, para atender a su familia, pese al mandato" constitucional que obliga a los poderes públicos a proteger la unidad familiar.