PSOE y CiU pactan eximir de delito fiscal, contable y por falsedad a quien regularice deudas con Hacienda

Regularizar deudas con Hacienda no sólo eximirá de la responsabilidad penal derivada del delito fiscal, sino también del posible delito contable y por falsedad. Así lo pactaron ayer los grupos parlamentarios del PSOE y de CiU en el Senado, durante la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La cuantía a partir de la cual un fraude será considerado delito se fija en 15 millones de pesetas, pero se ha descartado la condición de que lo defraudado sea más de un 20% de la cuota pagada. La Comisión de Justicia del Senad...

Regularizar deudas con Hacienda no sólo eximirá de la responsabilidad penal derivada del delito fiscal, sino también del posible delito contable y por falsedad. Así lo pactaron ayer los grupos parlamentarios del PSOE y de CiU en el Senado, durante la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La cuantía a partir de la cual un fraude será considerado delito se fija en 15 millones de pesetas, pero se ha descartado la condición de que lo defraudado sea más de un 20% de la cuota pagada. La Comisión de Justicia del Senado avanzó ayer así en la accidentada tramitación parlamentaria del nuevo delito fiscal. PSOE y CiU dejaron a un lado al PP que en el Congreso había apoyado fijar el límite del delito fiscal en 15 millones de pesetas y en un 20% de la cuota. Una argucia parlamentaria de IU-IC impidió que el pleno del Congreso votara estas dos modificaciones, de forma que el proyecto de ley enviado por el Gobierno pasó al Senado con el límite en cinco millones sin más requisitos.

Abstención del PP

El PSOE se echó atrás de parte de este acuerdo y ha convencido de ello a los nacionalistas catalanes. De esta manera será delito defraudar a Hacienda más de 15 millones de pesetas, pero sin ponerlo en relación con la cantidad de impuestos pagados. El PP anunció ayer que estudiará este nuevo acuerdo antes de decidir su voto en el pleno del Senado, previsto para el próximo día 30. Después, el Congreso tendrá que dar su aprobación definitiva.

Las dudas del PP vienen también por el hecho de que CiU ha conseguido modificar además el acuerdo previo sobre la llamada excusa absolutoria; es decir, la prevista para que quien regularice de forma voluntaria una deuda con Hacienda no pueda ser juzgado ni condenado por ello. Ayer PSOE y CiU acordaron extender esta exención no sólo al delito fiscal sino también a las irregularidades contrables y/o otras falsedades instrumentales parejas a la deuda tributaria regularizada. La exención sólo afectará al que regulariza su situación y no a quienes hayan cooperado en este fraude. Por ejemplo, en el caso de las facturas falsas de IVA, afectaría al comprador y no al emisor, salvo que éste a su vez decidida regularizar. Al respecto CiU mantiene un voto particular para el pleno, sin el acuerdo del PSOE, para eximir también a los inductores. Sí han acordado, en cambio restringir los plazos, de forma que sólo se pueda regularizar antes de que se haya iniciado una comprobación y no una inspección, como establecía el proyecto del Gobierno.