La condena

El hecho ocurrió días después del 30 de enero pasado, el día que Mario Conde y Arturo Romaní recobraron su libertad. Mariano Gómez de Liaño, abogado del ex banquero, confió a un colega: "Si llega a haber juicio, Mario será condenado por la operación de las cementeras. Ahí está el problema". Es posible que tenga razón y hasta puede ser que se quede corto. Pero Gómez de Liaño constata los hechos: el auto de la sala que concedió la libertad a sus clientes califica los hechos imputados por el juez como apropiaciones indebidas.El primer trallazo que recibió Romaní en su declaración de dos días fue ...

El hecho ocurrió días después del 30 de enero pasado, el día que Mario Conde y Arturo Romaní recobraron su libertad. Mariano Gómez de Liaño, abogado del ex banquero, confió a un colega: "Si llega a haber juicio, Mario será condenado por la operación de las cementeras. Ahí está el problema". Es posible que tenga razón y hasta puede ser que se quede corto. Pero Gómez de Liaño constata los hechos: el auto de la sala que concedió la libertad a sus clientes califica los hechos imputados por el juez como apropiaciones indebidas.El primer trallazo que recibió Romaní en su declaración de dos días fue el de las cementeras. En 1989, las sociedades instrumentales Data Transmision System y Gay Cordon, propiedad de Romaní y Conde, respectivamente, obtuvieron sin mover un dedo beneficios interesantes. El negocio: adquirieron a Valenciana de Cementos 9.000 acciones de Prebetong Aragón por 65 millones y 7.930 títulos de Hormigones Fabricados por 111 millones. Acto seguido vendieron los títulos a Banesto por 1.403,5 millones de pesetas. La plusvalía de 1.227,5 millones a costa del banco se repartió así: 1.224,5 millones para Data y 170,2 millones para Gay Cordon.

Romaní tenía su coartada para tan burdo atraco. "Lo que usted cuenta es fantástico" le dijo el juez García-Castellón. ¿Cuál fue el cuento? Pues que la operación no era lo que parecía. Lo esencial parecía ser invisible: el dinero pagado a Data y a Gay Cordon pertenecía a un empresario panameño que, enterado del conflicto que enfrentaba a Banesto con la familia Serratosa por esa época, se ofreció para mediar, lo que consiguió con éxito. No era, pues, una apropiación indebida para Romaní y Conde a costa de Banesto, sino una venta artificial de acciones para disfrazar el pago a la firma Jaime D. Cedeño y Asociados, propietario de la firma Dicemen. Lo único cierto es que el señor Cedeño y Dicemen existen.

El juez y el fiscal decidieron investigar. Llamaron a declarar a los hermanos José y Emilio Serratosa.

-Preguntado para que manifieste si tiene conocimiento de la participación en las negociaciones de alguna persona física o jurídica, en calidad de intermediario, manifiesta:

-Que no le consta. Las negociaciones se desarrollaron directamente entre Emilio Serratosa y el señor Romaní...

-Preguntado para que diga si fruto de la negociación, o derivada de ella, se acordó el pago de alguna comisión que permitiera el acuerdo, dice:

-Queno hubo en absoluto ningún pago de comisiones. Que todas las cantidades que han cobrado o han pagado, lo han sido en concepto de la transmisión de acciones y con absoluta sujeción a los términos certificados por el corredor de comercio interviniente de las pólizas o contratos.

Pero Romaní tenía otro agujero negro: Montilsa. Esta sociedad de su propiedad había cobrado de Dorna S.A. 985 millones por la venta de una participación en el Centro Comercial Concha Espina y, también, 899,6 millones por la venta a Inversiones Revidere, sociedad de Carlos García Pardo, de 3.332 acciones de Oil Dor. Tanto el Centro como Oil Dor serían revendidos inmediatamente con fuertes plusvalías a la Corporación Industrial. Da la casualidad que el presidente y el vicepresidente de ellas eran Conde y Romaní.

Romaní tenía coartada para Montilsa. Con un tiro había decidido matar dos pájaros. Los dineros ingresados en Montilsa no son lo que parecen. Como la pasta que el señor Cedeño había dejado depositada en Data y Gay Cordon se perdió por malas inversiones, Romaní dice haber llamado a García Pardo, presidente de Doma Promoción del Deporte, para pedirle alrededor de 1.800 millones a fin de "reponer" el dinero del panameño. Y ése es el que entró en Montilsa.

Problema: Carlos García Pardo fue llamado por el juez.

Preguntado por el juez sobre los 985 millones del Centro Comercial, declaró que "Montilsa, representada por Arturo Romaní, era una empresa que se me presentó y de la que se me dijo era afín a la Corporación y a la que ésta quería beneficiar...". Y sobre los 899 millones del paquete de Oil Dor. "Nuevamente por indicación expresa del sr. Romaní se da entrada a Montilsa como empresa afín a Corporación y actuando en nombre de la misína". ¿Por qué antes de vender el 50% de Oil Dor a la Corporación, García Pardo adquirió el paquete de Montilsa? "Todos los socios vendieron parte de sus acciones a Corporación y yo, por indicación nuevamente expresa del sr. Romaní, compré las acciones que poseía Montilsa, vendiendo ulteríormente las mismas a Corporación...". Romaní quería una pantalla entre él (Montilsa) y la Corporación. García Pardo, lo que faltaba, negó rotundamente presencia de panameños en esta historia y declaró que estaba dispuesto a emprender acciones legales contra quién sostuviera semejante afirmación.

Antes a estas cosas le llamaban robar. Ahora dicen que es ingeniería financiera.