Una ley sobre la eficiencia del agua atajará el parón del plan hidrológico

El Gobierno ha buscado un atajo para regular la gestión del agua, en tanto se aprueba el plan hidrológico, varado por las condiciones impuestas en el Parlamento. Ese atajo es una ley que se presentará dentro de un mes, cuyo nombre no está aún definido; puede ser la ley sobre la eficiencia del agua o la de modernización de regadíos, según afirmó ayer el director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás.Su redacción la preparan los ministerios de Agricultura y Obras Públicas y pivota sobre tres elementos: el ahorro del agua (un 80% la consume el campo), la viabilidad de las explotaciones de...

El Gobierno ha buscado un atajo para regular la gestión del agua, en tanto se aprueba el plan hidrológico, varado por las condiciones impuestas en el Parlamento. Ese atajo es una ley que se presentará dentro de un mes, cuyo nombre no está aún definido; puede ser la ley sobre la eficiencia del agua o la de modernización de regadíos, según afirmó ayer el director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás.Su redacción la preparan los ministerios de Agricultura y Obras Públicas y pivota sobre tres elementos: el ahorro del agua (un 80% la consume el campo), la viabilidad de las explotaciones de regadío y la mejora medioambiental de las infraestructuras obsoletas, tanto de regadíos como de abastecimientos. Sólo faltan definir sus mecanismos financieros para los cuales se barajan fondos de la Unión Europea, el Estado, las autonomías, usuarios y entidades privadas.

Según José Ramón López Pardo, director general del IRYDA, el Comisario Europeo de Agricultura, tras su visita a España, dio instrucciones para que se creen grupos de trabajo sobre las posibilidades de mejorar los regadíos españoles. La ley contempla la modernización de más de 1,5 millones de hectáreas de regadíos tradicionales, por un coste entre 500.000 millones y el billón de pesetas y la consolidación de otras zonas regables no atendidas de una superficie superior al millón de hectáreas, cuyo coste dependerá de si se incluyen futuros trasvases.

Esta iniciativa figura en una proposición no de ley aprobada ayer en el Congreso donde se pide al Gobierno una ley de bases sobre los planes de cuenca, el aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura y un acuerdo con Portugal sobre el uso de las aguas del bajo Guadiana.