Una empresa del cuñado del alcalde denuncia a una sociedad municipal

Una empresa de la que es socio un cuñado del alcalde de Madrid se ha querellado por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, desobediencia y estafa contra Servimadrid, la sociedad formada por el Ayuntamiento y Repsol para explotar a través de terceros varios puntos de venta de combustible en la capital. El querellante, la Sociedad Expendedora de Gasolinas y Aceites, SA, (Segasa), que posee una estación de servicio en la calle de Ofelia Nieto, 64, se basa en una sentencia del Tribunal Supremo, que, a su juicio, declara nula la constitución de Servimadrid. A partir de esta interp...

Una empresa de la que es socio un cuñado del alcalde de Madrid se ha querellado por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, desobediencia y estafa contra Servimadrid, la sociedad formada por el Ayuntamiento y Repsol para explotar a través de terceros varios puntos de venta de combustible en la capital. El querellante, la Sociedad Expendedora de Gasolinas y Aceites, SA, (Segasa), que posee una estación de servicio en la calle de Ofelia Nieto, 64, se basa en una sentencia del Tribunal Supremo, que, a su juicio, declara nula la constitución de Servimadrid. A partir de esta interpretación, los querellantes deducen que el cobro de cánones por parte de la empresa mixta es ilegal, incurre en desobediencia y puede constituir cohecho, dado que con este dinero se pagan las dietas -110.000 pesetas por reunión, 11 al año- a los representantes del Ayuntamiento que participan en el consejo de administración de Servimadrid.El presunto delito de estafa nace, a tenor de la querella de la reiteración en la exigencia del canon, pese a la sentencia. Estos razonamientos llevan a Segasa a pedir una fianza de 30 millones de pesetas y la detención de los supuestos culpables -los 13 miembros presentes o antiguos del consejo de administración, entre ellos el concejal popular Enrique Villoria y el socialista José María de la Riva.-

La otra demanda

El juez, según fuentes cercanas al caso, no ha admitido a trámite la querella, aunque sí ha dictado diligencias indeterminadas -una fase de audiencia preliminar-. Segasa dejó de pagar a Servimadrid en marzo de 1994, por lo que ha sido objeto de una demanda civil por parte del Ayuntamiento, que le reclama unos 18 millones de pesetas.

Repsol, consultada por este periódico, sostiene que la querella busca precisamente paralizar esta demanda. Según esta compañía, la sentencia que fundamenta la acción de Segasa no menciona en ningún momento a Servimadrid, sino que sólo se declara contraria a la municipalización del servicio y a que éste se haga en régimen de sociedad mixta. El Ayuntamiento, a raíz de esta decisión judicial, está estudiando la posible disolución de Servimadrid o su cambio de estatutos. Repsol ha manifestado que seguirá lo que acuerde el Ayuntamiento. Los diferentes representantes municipales consultados han restado importancia a la demanda.

Respecto al supuesto cohecho, Repsol sostuvo que las retribuciones de los consejeros son perfectamente legales y que en ningún momento se ha ocultado que los miembros del consejo de administración cobren dietas. "Decir que las dietas no son lega les porque Servimadrid es ilegal, es tanto como decir que Segasa cobra ilegamente, ya que fue Servimadrid quien le concedió la gasolinera", indicó De la Riva, quien perteneció al consejo hasta mediados de 1992.