García-Castellón devuelve a Garzón el 'caso GAL' y acusa a Vera de "prefabricar" la recusación

El juez Baltasar Garzón recuperó ayer la instrucción del caso GAL, después de que su colega Manuel García-Castellón desestimase la recusación que había planteado contra él el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. García-Castellón estima que las denuncias y querellas de Vera contra Garzón llevan a pensar que se ha pretendido. prefabricar una causa de recusación. Garzón, que ya ha recibido de nuevo la causa, no ha citado todavía a Vera, aunque fuentes próximas a su juzgado han indicado que el magistrado llamará a declarar al ex alto cargo de Interior, como, inculpado, esta misma...

El juez Baltasar Garzón recuperó ayer la instrucción del caso GAL, después de que su colega Manuel García-Castellón desestimase la recusación que había planteado contra él el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. García-Castellón estima que las denuncias y querellas de Vera contra Garzón llevan a pensar que se ha pretendido. prefabricar una causa de recusación. Garzón, que ya ha recibido de nuevo la causa, no ha citado todavía a Vera, aunque fuentes próximas a su juzgado han indicado que el magistrado llamará a declarar al ex alto cargo de Interior, como, inculpado, esta misma semana.

La interposición de una doble recusación contra los magistrados Garzón y Carlos Bueren por parte de Vera el pasado 3 de febrero, día en que fue llamado a declarar como imputado en el caso GAL, fue interpretado, en medios de la Audiencia Nacional, como una argucia jurídica para eludir su eventual ingreso en prisión.Resuelto el doble incidente, el caso se encuentra en la misma situación que hace dos semanas: Vera está a punto de ser llamado a declarar -previsiblemente mañana o pasado- en calidad de imputado en delitos de malversación continuada de caudales públicos y evasión de capitales, así como encubridor de detención ilegal, asesinato y falsificación La declaración de Vera es ahora clave.

Mientras tanto, su secretario particular, Juan de Justo, encargado de gestionar materialmente los fondos reservados a disposición de su jefe, sigue en prisión preventiva por los mismos delitos que también se imputan a Vera. Al mismo tiempo dos de sus colaboradores, el teniente coronel de la Guardia Civil Félix Hernando y el comisario Aníbal Machín, están en libertad bajo fianza de tres millones.

Prefabricación

Respecto al incidente de recusación, el auto dictado por el juez García-Castellón es contundente. No existe irregularidad alguna en la ida y vuelta del juez instructor a la política, permitida en el artículo 7 de la Ley de Régimen Electoral General y autorizada en dos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial.

Respecto a las denuncias formuladas por Vera contra Garzón, -una de las causas de enemistad base de la recusación- el auto señala que tienen que ser anteriores a que Garzón hubiera iniciado el proceso en el que Vera está inculpado, lo que según García-Castellón no ocurre en este caso. Y añade: "La dinámica de presentación de denuncias y querellas ( ... ) lleva a pensar justificadamente a este instructor que se ha pretendido la prefabricación o preconstitución de causa de recusación". Es decir, que Vera lo hizo con el único propósito de poder eludir a Garzón.

Vera denunció a Garzón el 9 de enero de este año, y después formalizó querella el día 12. Pos teriormente amplió la querella el 24 de enero. Sin embargo, y aun que la causa contra Vera fue abierta formalmente el 10 de enero, materialmente lo estaba des de el, 16 de diciembre de 1994. "Ello puede justificar", según el auto, 1a calificación de fraude de ley o preconstitución de causa de recusación" a la querella que Vera presentó contra el juez.

Acerca de la enemistad manifiesta que Vera argumentaba en su escrito, García-Castellón puntualiza que la enemistad como causa de recusación tiene que ser mutua y evidente a través de actos concretos, precisos e inequívocos y destaca que, en todo caso, puede quedar patente la enemistad de Vera hacia Garzón, pero no al revés.

Vera alegaba también que Garzón tenía interés directo en la causa, pero García-Castellón señala que ese interés tiene que estar referido a una esperanza de utilidad o beneficios propios de alcance material o espiritual.

"Es obvio", dice el auto, "que, del propio escrito de recusación no se desprende en absoluto una mínima argumentación en ese sentido, ( ... ) al atribuir al recusado oscuros intereses y motivaciones basadas en enemistades de raíces políticas y ancladas en tiempos pretéritos que ambos coincidieron en actividades administrativas".

García-Castellón explica en su resolución la razón por la que considera que no es pertinente practicar la prueba solicitada por Vera y que consistía en la declaración de seis ex altos cargos de Interior, entre ellos José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

El juez señala que "la prueba debe ser desestimada pues los testigos propuestos ejercen o han ejercido funciones directamente relacionadas con el Ministerio del Interior y, es lo cierto que el proceso al que se refiere la recusación tiene por objeto la inveitigación de supuestos hechos delictivos en el que ya están inculpados otros ex altos cargos del expresado ministerio, e incluso, uno de los testigos propuestos se encuentra en prisión por dicha causa".

"No se trata de personas ajenas al proceso", agrega el auto, "sino de posibles testigos de la investigación y, eventualmente, no puede descartarse tampoco que alguno pueda resultar interesado en la causa, como ya lo está en calidad de inculpado el antiguo secretario del recusante [De Justo]". En cualquier caso, según el juez, no es plausible que los testimonios propuestos puedan aportar nada significativo para corroborar la enemistad entre Vera y Garzón, ya que todos aparecen en relación directa y profesional con el primero.

Contra el rechazo de la recusación no cabe recurso alguno en la vía ordinaria, pero Vera podría recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ello no le evitaría el tener que acudir a declarar ni un eventual ingreso en prisión.