EL 'CASO GRAND TIBIDABO'.

Mario Conde tardó diez horas en depositar los 2.000 millones de fianza para recuperar la libertad. A Javier De la Rosa le bastaron tres horas para conseguir 1.000 millones, pese a tener todos sus bienes embargados. Las 117 noches de cautiverio del financiero acabaron ayer, después de que el Banco Popular Español presentara un aval "porque disponemos de las suficientes garantías", según un portavoz de la entidad. El Popular entregó al juez Joaquín Aguirre un aval de 1.080 millones de pesetas: los 1.000 del finandiero y los otros,80 para cubrir las fianzas impuestas a dos de sus colaboradores en prisión: . Joan Cruells y Arturo Piñana. Ambos abandonaron la Modelo a las cinco de la tarde de ayer. Ramón Fiter, también inculpado en el caso Grand Tibidabo, no abandonará el penal de Alcalá Meco hasta que deposite los 250 millones requeridos por el juez.Cambia la situación personal de De la Rosa y sus colaboradores, pero no su condición ante la justicia. Todos ellos siguen estando acusados de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. De la Rosa como autor directo de las pérdidas en torno a los 10.000 millones que sufrió Grand Tibidabo y los otros como coopera dores necesarios.

El juez dictó ayer las libertades después de que el fiscal lo solicitara, a última hora de la tarde del sábado. Sin embargo, el magistrado Aguirre ha impuesto fianzas menores a las solicitadas por el fiscal que, en el caso de De la Rosa, fijó el precio de la libertad en 1.300 millones de pesetas. El fiscal argumentaba que la fianza por la situación personal debía ser acorde con la impuesta de responsabilidad civil. Ésta fue de 13.300 millones de pesetas aunque, en la práctica, los bienes embargados no alcanzan ni a un sexto de esa cifra.

Juez y fispal están de acuerdo en los motivos para cambiar la situación: ya no hay peligro de destrucción de pruebas. El auto dé libertad lo dice así: "Una de las funciones primordiales de la prisión provisional es la de impedir que los inculpados alteren las pruebas del presunto delito, lo cual es particularmente importante en aquellos hechos en los que la prueba de que se dispone es fundamentalmente documental, pomo ocurre con los delitos económicos, ya que las operaciones de esta índole se reflejan en un soporte documental, siendo escasísimas las pruebas testificales o de otro tipo".

El juez Aguirre -que ha prorrogado el secreto sumarial 10 días más- considera que ya tiene la. prueba documental y por ello cree que "resulta innecesario prorrogar la medida de la prisión provisional".