Pacto de pensiones

A los diputados que componen la ponencia sobre la Seguridad Social se les había encargado una misión casi imposible. Estudiar el estado del sistema público y diseñar su futuro. Pero, además, debían intentar elaborar unas recomendaciones comunes para elevarlas al Gobierno. Lo han conseguido en medio de un ambiente de crispación política que hacía impensable un acuerdo. Y han comprometido a Gobiernos futuros con un modelo solidario y de reparto que no gusta mucho a algunos sectores del Partido Socialista o del Partido Popular.Pese a todo, los cuatro grandes partidos españoles -PSOE, PP, IU y CiU...

A los diputados que componen la ponencia sobre la Seguridad Social se les había encargado una misión casi imposible. Estudiar el estado del sistema público y diseñar su futuro. Pero, además, debían intentar elaborar unas recomendaciones comunes para elevarlas al Gobierno. Lo han conseguido en medio de un ambiente de crispación política que hacía impensable un acuerdo. Y han comprometido a Gobiernos futuros con un modelo solidario y de reparto que no gusta mucho a algunos sectores del Partido Socialista o del Partido Popular.Pese a todo, los cuatro grandes partidos españoles -PSOE, PP, IU y CiU- han ratificado que el sistema público de Seguridad Social no está en quiebra y es viable. Y aseguran que lo seguirá siendo en el futuro si se corrigen una serie de desequilibrios y se aplican reformas. Algunas de ellas se apuntan en el pacto de Toledo, logrado tras un año de trabajos en la ponencia parlamentaria y tres días de encierro en el Parador de la citada ciudad castellana. Uno de sus compromisos es: las pensiones no serán utilizadas como arma electoral. Otro: dentro de cinco años se formará una ponencia para revisar lo que no funciona.

El presidente de la ponencia, Rodolfo Martín Villa (del PP), abandonó la reunión de Toledo horas antes de que acabara, pero sólo cuando comprobó que el documento final estaba en marcha. Su intervención ha sido decisiva para que la tarea culminase en acuerdo y para vencer las resistencias del sector liberal del PP. También en el PSOE hay quienes apuestan por un modelo mixto público (que garantice las pensiones mínimas) y de capitalización (basado en la previsión individual y con la entrada del sector privado).

Junto a Martín Villa, representaban al PP Juan Carlos Aparicio y Cristóbal Montoro; al PSOE, Alejandro Cercas, Justo Zambrana y Francisco Arnau; y a Izquierda Unida, Ricardo Peralta y Pedro Antonio Rios. Todos ellos han elaborado 14 recomendaciones, que ahora serán analizadas por sus respectivos grupos parlamentarios y debatidas en Pleno, previsiblemente, en el mes de marzo. Las conclusiones finales serán enviadas al Gobierno y discutidas con los sindicatos y la patronal.

El documento recoge unas reflexiones muy generales. No desciende a las medida! que se deben poner en marcha en un futuro y que el PSOE describe así: "Todos los estudios disponibles señalan que en las próximas décadas el crecimiento del número de pensiones será constante, aunque más moderado que en décadas pasadas, ya que comenzará a tener efecto la llegada a la jubilación de las generaciones nacidas en torno al periodo de la Guerra Civil. El número de pensiones previsiblemente experimentará un repunte a partir del año 2020 cuando refleje sus efectos el incremento de la natalidad de los años sesenta y setenta. Podemos esperar que hacia el año 2010 nos acerquemos a los ocho millones y en el año 2030, a los 10 millones de pensiones".

Con ello se apunta que los grandes problemas empezarán a surgir en torno al año 2015, cuando lleguen a la jubilación las generaciones del baby-boom y, en consecuencia, las soluciones se deben empezar a aplicar en los años previos.

Pero también se prevén actuaciones más urgentes. El criterio del PSOE es que hasta el año 2000 se debe trabajar en tres direcciones: buscar financiación alternativa para la Sanidad y las prestaciones asistenciales; producir ahorros al sistema incentivando el retraso voluntario de la' edad dejubilación; y, sobre todo, corregir los desequilibrios que afectan ahora a los regímenes especiales y a los autónomos. Esa parte del sistema (agrario, del mar, empleados de hogar y autónomos) es deficitaria y la explicación dé los responsables socialistas es que los afiliados a esos regímenes eligen sus bases de cotización mayoritariamente en los mínimos posibles y cotizan el mínimo número de años -15-exigido (ver gráfico). Por esa misma razón son los principales destinatarios de los complementos de mínimos, que consumen un 10% de la nómina total de las pensiones y han costado en los últimos años 3,8 billones de pesetas. Las soluciones que se barajan son: o pagan más cotizaciones, o sus pensiones se adaptan realmente a lo cotizado, en la misma proporción que los jubilados del régimen general.

En las recomendaciones de la ponencia parlamentaria se prevé también reducir los actuales siete regímenes a dos: trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Y se sugiere corregir la situación actual, de forma que la igualdad de la acción protectora (prestaciones) se corresponda con la misma aportación contributiva (cotizaciones). Es decir, o pagan más o cobran menos.