El Poder Judicial rechaza y deplora los ataques a Garzón

Declaración unánime a favor de la independencia de los jueces y la serena investigación de los GAL

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió ayer amparo a Ia independencia" del juez Baltasar Garzón, "como a la de cualquier otro juez quepudiera encontrarse en análogas circunstancias". Garzón había estimado "profundamente perturbada" su independencia como instructor del sumario sobre los Grupos Antiterroristas de LiberaciónGAL) por las imputaciones recibidas en las últimas semanas contra su actuación judicial. El acuerdo tomado en la tarde de ayer por asentimiento se remite a la declaración aprobada por la mañana porunanimidad en la que el CGPJ "rechaza y deplora profund...

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió ayer amparo a Ia independencia" del juez Baltasar Garzón, "como a la de cualquier otro juez quepudiera encontrarse en análogas circunstancias". Garzón había estimado "profundamente perturbada" su independencia como instructor del sumario sobre los Grupos Antiterroristas de LiberaciónGAL) por las imputaciones recibidas en las últimas semanas contra su actuación judicial. El acuerdo tomado en la tarde de ayer por asentimiento se remite a la declaración aprobada por la mañana porunanimidad en la que el CGPJ "rechaza y deplora profundamente los ataques" dirigidos contra Garzón y el Poder Judicial y pide que nadie "obstaculice o dificulte" la serena investigación de los GAL.

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El texto del acuerdo relativo a la solicitud de Garzón ocupa 10 líneas y expresa la necesidad de que "cesen los motivos determinantes de la situación creada, mediante la instauración de un clima de sincero y auténtico respeto institucional". El CGPJ recuerda que Garzón ha utilizado la vía del artículo 14 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del CGPF.El mismo precepto prevé que el ministerio fiscal, de oficio o a instancia de parte, "promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial". El artículo 13 de la LOPJ establece que "todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados", y el artículo 199 del Código Penal dice así: "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial el funcionario público que atentare contra la independencia de los jueces y magistrados".

Intervención del fiscal

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En este caso, como ya ocurrió en 1988 cuando Garzón pidió amparo al CGPJ frente a la negativa de Interior a informarle sobre el destino de los fondos reservados, no se han adoptado medidas drásticas, a pesar de la insistencia del vocal Javier Gómez de Liaño en reclamar del consejo una actitud más contundente. En 1988, tres vocales pidieron, sin éxito, que se pusieran los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado". Ahora, como entonces, el amparo se circunscribe a un apoyo verbal, aunque no se descarta una actitud más dura si prosiguen los ataques al juez.

El presidente del CGPJ, Pascual Sala, leyó a los informadores, a primera hora de la tarde de ayer, el texto de la declaración que publicamos en estas páginas.

El CGPJ defiende la legitimidad democrática del Poder Judicial frente a determinados críticos. Recientemente el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, pidió que los jueces pasen "por una prueba dernocrática".

Recuerda que corresponde "exclusivamente a los tribunales de justicia ( ... ) el control de la legalidad de los actos y disposiciones de los poderes públicos y el enjuiciamiento jurídico de los hechos con apariencia delictiva

El CGPJ razona su oposición a unos ataques al Poder Judicial o a los jueces y magistrados que entrañan un rechazo de las reglas constitucionales y legales sin que tan siquiera se proponga razonadamente su cambio". Sala explicó que este punto de la declaración alude a las protestas que se hacen por el regreso de los jueces de la política al juzgado, "sin promover la reforma de las normas legales que lo permiten".

El CGPJ afirma que los "ataques y críticas sólo logran confundir e inquietar a los ciudadanos, sin que de ellos derive la menor mejora de nuestras instituciones y del clima social y político". El vocal Javier Gómez de Liaño propuso en este punto que se añadiera que "de ahí que el CGPJ solicite decididamente el cese inmediato de actitudes que, como las señaladas, entorpecen gravemente la acción de la justicia". La declaración unánime alude a este entorpecimiento, pero no pide tal cese inmediato.

El derecho de defensa

La declaración indica que la discrepancia con las actuaciones judiciales tiene su cauce en los recursos, de modo que ni el derecho de defensa ni la libertad de expresión amparan que "nadie, al margen de los medios legales, acuse a jueces y magistrados de un comportamiento ilícito e incluso delictivo". Y añade: "Menos aún amparan o disculpan una conducta semejante en quienes representen a los distintos poderes del Estado o desempeñen cargos de relevancia en los partidos políticos".

A la pregunta de una informadora sobre si tal actitud podía comprenderse dentro del derecho de defensa, Sala resaltó que "el derecho de defensa es fundamental, pero tiene sus límites". El presidente del CGPJ explicó que "no pueden, con fundamento en el derecho de defensa, hacerse imputaciones que puedan tener caracteres de delito".

La petición de amparo de Garzón se refiere a las declaraciones desde la cárcel del ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal que le atribuyó una conspiración contra el presidente del Gobierno, Felipe González- y a los

ataques de los diputados o altos cargos socialistas José Barrionuevo, Joaquín Leguina, Txiki Benegas y Manuel Chaves.

El documento del CGPJ no menciona ninguna de estas declaraciones, pero se refiere obviamente a la entrevista de Sancristóbal difundida por TVE al calificar, "cuando menos", como un error muy grave y lamentable" la difusión de los ataques a Garzón "por un medio de comunicación de titularidad pública que, legalmente, se concibe como un servicio público". Y remacha: "La libertad de información y de prensa no ampara semejante suceso".

El voto particular concurrente del vocal Gómez de Liaño propone añadir lo siguiente en este punto: "Los permisos para entrevistar al señor Sancristóbál, concedidos unilateralmente por la administración penitenciaria, sin la preceptiva autorización del magistrado juez instructor del sumario, constituyen una apropiación indebida de atribuciones que debe, investigarse y, en su caso, enjuiciarse en legal forma". En relación con esta controversia, comparecerá hoy en, el Parlamento el. ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

El secreto del sumario

El CGPJ asegura que "el secreto sumarial ordinario ( ... ) debe ser escrupulosamente respetado, sin que ese respeto implique menoscabo de la libertad de información, sino elemental protección de bienes y derechos que han de armonizarse con dicha libertad". Recuerda que el secreto del sumario "puede ser infringido no sólo por el juez que conoce de la causa, sino por otras personas que tengan acceso a las actuaciones sumariales". Gómez de Liaño propuso suprimir, "por inncesario", este último inciso.

Joaquín Almunia, presidente del Grupo Socialista, declaró al conocer esta declaración que' echa en falta por parte del CGPJ algún análisis de las extemporáneas declaraciones de su vicepresidente, el señor Manzanares, y sobre la filtración de sumarios que están declarados secretos".

Loyola del Palacio, portavoz adjunta del PP en el Congreso, indicó que la declaración del consejo es "lógica". Diego López Garrido (IU), consideró la declaración "suficientemente contundente como medida, esperemos que disuasoria, frente a los ataques a la Independencia del juez Garzón".

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