Catálogo claro

NO ES fácil encontrar argumentos de peso para cuestionar la necesidad de un catálogo que defina con claridad el elenco de prestaciones a que tienen derecho los usuarios de la sanidad pública. No lo son, en todo caso, los aducidos por el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida QU) contra el decreto del Gobierno que el pasado viernes dio rango legal a esta nueva reorganización de las prestaciones sanitarias. Decir algo tan genérico como que es "decepcionante" o "propagandístico" es no decir nada, y eso es lo que han hecho el PP e IU refiriéndose al decreto aprobado por el Gobierno.Tiene más consi...

NO ES fácil encontrar argumentos de peso para cuestionar la necesidad de un catálogo que defina con claridad el elenco de prestaciones a que tienen derecho los usuarios de la sanidad pública. No lo son, en todo caso, los aducidos por el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida QU) contra el decreto del Gobierno que el pasado viernes dio rango legal a esta nueva reorganización de las prestaciones sanitarias. Decir algo tan genérico como que es "decepcionante" o "propagandístico" es no decir nada, y eso es lo que han hecho el PP e IU refiriéndose al decreto aprobado por el Gobierno.Tiene más consistencia, sin embargo, preguntarse si el catálogo dispone de la adecuada cobertura económica, así como de los mecanismos que le permitan incorporar a su seno aquellas prestaciones que, a lo largo del tiempo, prueben su eficacia clínica y sean socialmente relevantes y sanitariamente convenientes. La atención bucodental hasta los 14 años de edad -y es el caso también de los otros servicios que se incluyen por primera vez en la sanidad pública- sólo sería una medida "decepcionante" o "propagandística" si se queda en el papel y no va acompañada de cobertura presupuestaria y de la implantación de los servicios pertinentes. Como lo sería que el nuevo catálogo implicara de hecho recortar a medio plazo las prestaciones sanitarias mediante el bloqueo de su revisión según evolucionen las patologías y el nivel de salud de la población.

Los responsables de la sanidad pública afirman que habrá dentistas suficientes para hacer frente a esa nueva prestación y que el catálogo dispone de los mecanismos adecuados de actualización de acuerdo con criterios no exclusivamente económicos. Son, en todo caso, las fuerzas políticas y sociales las que deben asegurar, con su imprescindible labor de vigilancia y control, que lo que ha sido legalmente reconocido se traslade tal cual a la práctica sanitaria. Porque saber de antemano qué puede esperarse de un servicio público, facilitar al ciudadano un uso útil de ese servicio y racionalizar su gestión son objetivos dignos de aplauso. Como la cita previa, la tarjeta sanitaria o la libre elección de médico, el catálogo de prestaciones sanitarias es una medida que puede mejorar la imagen y la calidad de la asistencia sanitaria, además de constituir a medio plazo un freno eficaz a la expansión insostenible de sus gastos.