La soledad del indepondiente

El diputado independiente Ventura Pérez Mariño se quedó solo. Fue portavoz de sí mismo ante el ministro Belloch que informaba oficialmente sobre los GAL. Nadie del grupo socialista -el suyo, por decirlo así dió muestras de estar con él. Sólo el propio ministro se permitió dedicarle un gesto de aliento. Apuesto, sin embargo, que una buena parte del electorado socialista aplaudió la intervención de Pérez Mariño y no la actitud complaciente y homogénea del resto del grupo. Por no querer verlo así, el propósito de enmienda y de cambio del PSOE no ha pasado, hasta ahora, de ser pura retórica electo...

El diputado independiente Ventura Pérez Mariño se quedó solo. Fue portavoz de sí mismo ante el ministro Belloch que informaba oficialmente sobre los GAL. Nadie del grupo socialista -el suyo, por decirlo así dió muestras de estar con él. Sólo el propio ministro se permitió dedicarle un gesto de aliento. Apuesto, sin embargo, que una buena parte del electorado socialista aplaudió la intervención de Pérez Mariño y no la actitud complaciente y homogénea del resto del grupo. Por no querer verlo así, el propósito de enmienda y de cambio del PSOE no ha pasado, hasta ahora, de ser pura retórica electoralista. Un propósito que auguraba un partido más abierto al disenso, con menos corazas, menos consignas y menos temores. A estas alturas de mí corta experiencia parlamentaria, me pregunto hasta dónde es posible ejercer algún control democrático desde el partido del Gobierno.Nadie negará que la actual legislatura, ya medio cumplida, ha sido pródiga en ocasiones de demostrar la voluntad de cambio y de reforma por parte del partido socialista.

El balance, sin embargo, no puede ser más triste. La gravedad, del último asunto, el de los GAL, no ha provocado, una respuesta menos apática ni más creíble que las otras corrupciones. Decímos que la prensa lo iguala todo y no distingue, pero tampoco hay muestras gubernamentales de dar a cada cosa la importancia que merece. Como en , otras ocasiones, después de unos días turbulentos, aquí no ha pasado nada.

Demasiados silencios que no consiguen despejar el clima de sospecha. Pobreza de explicaciones. Seguimos sin saber en qué consiste la tan mentada "responsabilidad política". Tanto en el caso de los GAL como en otros anteriores -sin duda, mucho más triviales: financiación de partidos políticos, investigación sobre fondos reservados-, hemos visto reducida la responsabilidad política a mera responsabilidad penal; responsabilidad ante la ley. La postura oficial es, en cualquier caso, la misma: no hace falta que el Parlamento investigue nada, ya lo hacen los jueces. Insisto: ¿dónde queda el control parlamentario?, ¿quién lamenta la "judicializadión de la política"?, ¿es que hay otra opción que pasárselo todo a la justicia? . Nadie duda de que la presunción de inocencia es un derecho básico de todo individuo. Pero el político es, además de ciudadano con derecho a defenderse, un servidor público con el deber de dar cuenta de lo que hace o deja de hacer, con el deber de explicarse y responder ante la opinión que requiere informaciones más completas y convincentes. Aunque esa información deba limitarse a reconocer el descontrol de quienes debían haber controlado más. Es posible que el caso "acabe jurídicamente" por falta de pruebas. No habrá habido actuación ilegal. Pero tampoco se habrán dado respuestas al electorado más exígente. La voluntad de respuesta debería ser anterior y no dependiente de la presunción de inocencia.

El respeto al principio de legalidad es fundamental en la democracia. Pero no lo es me nos la virtud de la transparencia. En poseerla y saber ejercer la a tiempo radica la responsabilidad política. Poder explicar sin tapujos y con hechos que el fin no justifica los medios, que no todo vale, que existen unos principios, que el terrorismo no se contextualiza. Dar la cara con valentía y mostrar la disposición a cooperar para sacar a la luz toda la información que haga falta. Anticiparse a los datos y no confiar en que la falta de pruebas acabe por encubrirlo todo de nuevo. Tiene razón Bandrés: el delito sigue siendo delito, aunque no llegue a de mostrarse. Aparencia de los casos de corrupción anteriores, en éste es la legitimidad del Estado lo que está en cuestión. Y son los máximos responsables políticos los que deben salvarlo del descrédito. No serán los jue-es los que vuelvan la credibilidad perdida a la política

Hace unos meses, el vicepresidente del Gobierno decía en el Senado que era obligación de la política adelantarse a los hechos y, de algún modo, dirigirlos. Pero el liderazgo no se da sino funcionan otras convicciones que la positividad jurídica. Dirigir la realidad, orientarla con el ejemplo, es lo que propuso Max Weber en su célebre texto sobre la vocación política. El político, afirmaba Weber, no puede tener sólo principios, debe hacerse responsable de las consecuencias de lo que hace.

¿De qué consecuencias?, hay que preguntar. ¿Mantenerse en el poder?, ¿ganar las elecciones?, ¿o responder a un programa y a unas convicciones irrenunciables? Por lo que se va viendo, en estos momentos, las únicas consecuencias considerables son las economicas: recuperacion de la economía, estabilidad de la peseta, sosiego en la Bolsa. Y las políticas, en el sentido más estrecho y maquiavélico de la palabra: estabilidad y nada de cambios. ¿Así de limitada debe ser la responsabilidad del político? No es eso lo que acaba diciendo Max Weber: el buen político se distingue porque, si llega el caso, sabe decir: "Aquí me detengo". Al buen político se le reconoce en que sabe renunciar a tiempo. A tiempo de dejar a salvo los principios más elementales del Estado de derecho.

Victoria Camps es catedrática de Ética de la. Universidad Autónoma de Barcelona.