Un pacto contra el paro: ahora o nunca

1. IntroducciónLa corrección de los sobrecostes, que implica para el sector productivo español y los consumidores finales la pervivencia en nuestro país de algunos mercados poco perfectos, constituye una prioridad de la política económica, y no son raros los artículos en medios de opinión poniendo de relieve el problema y proponiendo, incluso, cauces de solución.

En este contexto es disculpable que algún análisis menos informado incluya el sector petrolero como uno de los e ejemplos de traslado de deseconomías al sistema general.

Las consecuencias de este tipo de opiniones...

1. IntroducciónLa corrección de los sobrecostes, que implica para el sector productivo español y los consumidores finales la pervivencia en nuestro país de algunos mercados poco perfectos, constituye una prioridad de la política económica, y no son raros los artículos en medios de opinión poniendo de relieve el problema y proponiendo, incluso, cauces de solución.

En este contexto es disculpable que algún análisis menos informado incluya el sector petrolero como uno de los e ejemplos de traslado de deseconomías al sistema general.

Las consecuencias de este tipo de opiniones no son importantes, pues el sector informado conoce bien la realidad, pero de vez en cuando es conveniente intentar que más gente pueda conocer también un proceso de liberalización, como el monopolio español de petróleo, que ha sido calificado de modélico.

2. Los precios de los carburantes y combustibles en España

Se puede afirmar rotundamente que las gasolinas y gasóleos se venden hoy en España a un precio promedio antes de impuestos prácticamente igual al de los otros países europeos más significativos.

Los precios practicados en España, excluidos impuestos, de gasolinas y gasóleos son 0,5 pesetas/litro superiores a la media de los seis países que sirven de referencia para la determinación de los precios máximos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Holanda), y están 0,5 pesetas por debajo de la media de los países antes citados excluido Francia, por las pecularidades que, como es sabido, tiene el mercado de este país. Estas comparaciones cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que por razones geográficas España tiene unos costes de transporte superiores a los que se dan en cualquiera de estos países.

Dicho esto, es conveniente reconocer que las comparaciones, arrojan resultados distintos según. las familias de productos. En efecto, los gasóleos de automoción y calefacción se venden, excluidos impuestos, más baratos en España y las gasolinas algo más caras, especialmente la de 98 octanos sin plomo, debido a que este producto se ha- introducido muy recientemente en el mercado español y ha requerido una logística completamente segregada que ha implicado sobrecostes que se irán reduciendo en el futuro, con lo que esta gasolina se abaratará en términos comparativos con Europa.

3. La fijación y la diferenciación de los precios de los productos petrolíferos

Se ha dicho en alguna ocasión que el hecho de que las compañías que operan en España modifiquen los precios prácticamente al mismo tiempo, y que existan pequeñas diferencias entre éstos, constituye un indicador de supuestas prácticas contra la competencia.

Nada más lejos de la realidad. De hecho, se están tomando como desfavorables las consecuencias lógicas de un sistema, como el de precios máximos, que realmente constituye una tutela efectiva del consumidor y un instrumento para mantener los precios de los productos en las distintas regiones sin excesivas diferencias.

Efectivamente, es cierto que todas las compañías cambian el precio de venta cuando se produce el cambio del precio máximo, y es también cierto que, aunque aparecen pequeñas diferencias en el precio de algunos productos, la dispersión es mucho menor de la que se observa en otros países de nuestro entorno.

Es razonable pensar que estos comportamientos obedecen exclusivamente a la tutela administrativa a través del precio máximo y que si este tope desapareciese probablemente se vendería a un precio promedio parecido al actual, pero con diferencias entre regiones, mayores que las de hoy, que tenderían a reflejar la diferencia en costes de transporte.

Lo que sí parece es que medidas como bajar el actual nivel de precios máximos sólo conllevarían a reducir más todavía la escasa diferencia hoy existente, aparte de que en algunos casos límites se podría afectar diferencialmente la competitividad de las compañías que operan en todo el territorio, frente a las que lo hacen solamente en la costa.

4 . La concurrencia en el mercado español de petróleos

Al hablar de competencia escasa, y de posibles prácticas oligopolistas, valdría la pena reseñar que el número de compañías que venden productos petrolíferos en nuestro país es de más de 30, sin que falte ninguna de las grandes multinacionales del sector, y que los nuevos entrantes en el mercado han conseguido en menos de cinco años más de 12 puntos de cuota de mercado.

Esta rápida progresión de la competencia en España ha sido posible, entre otras cosas, gracias a que se ha puesto a disposición de la casi totalidad de los nuevos entrantes los medios de transporte y almacenamiento, propiedad de la antigua Campsa.

Efectivamente, hoy CLH presta servicio a gran parte de los operadores que actúan en el país, y está en negociaciones con los restantes. La consecuencia es que las compañías petroleras acceden al mercado español pagando una tarifa competitiva, no discriminatoria y evitándose la incertidumbre que supone la acometida de fuertes inversiones de implantación.

5. El coste de la desmonopolización para el contribuyente

Probablemente existen voces más autorizadas para juzgar sobre el acierto o desacierto de la liberalización del monopolio español del petróleo.

Sin embargo, puede afirmarse que la forma, el modo y las consecuencias en que se ha operado la apertura de este mercado han sido satisfactorias no sólo para el conjunto del sector y para los consumidores, sino también para las administraciones que han tutelado el proceso.

En apartados anteriores se ha puesto de relieve que en pocos años se ha llegado a un mercado de plena concurrencia que ofrece al consumidor mayor calidad de producto, y mejor atención y servicio,, a precios similares a los europeos y más baratos que los que aplicaba el monopolio, hecha la comparación en términos homogéneos.

A ello hay que añadir que todo este proceso se ha conducido sin carga alguna para los Presupuestos del Estado. Ninguna empresa del sector ha sido ayudada ni directa ni indirectamente en los últimos años, ninguna reconversión de personal se ha financiado con ayudas excepcionales, y ningún activo se ha dilapidado, sino todo lo contrario, pues una de las consecuencias de la política seguida ha sido que el Tesoro público ha vendido sucesivamente activos de Campsa y participaciones en Repsol hasta ingresar cerca de 500.000 millones de pesetas desde el inicio del proceso de liberalización del mercado.

En lo que se refiere a la cuenta de resultados de las compañías distribuidoras, a pesar de su diversidad como corresponde a un colectivo de 30 operadores, cabe decir que la generalidad de las sociedades obtienen una rentabilidad muy modesta a los fondos empleados en la comercialización, aunque, lógicamente, con estos mismos márgenes otras sociedades, que tienen refinerías en el país y activos comerciales adquiridos hace muchos años, obtienen mejores resultados. El peligro para la concurrencia hubiera sido que algún operador de los establecidos al inicio del proceso hubiese tratado de impedir el acceso al mercado a nuevos entrantes, practicando, al amparo de estas ventajas, precios tan bajos que impidiesen un desenvolvimiento normal a los, nuevos, pero nada de ello se ha producido y el sector camina con normalidad hacia una creciente madurez en beneficio de todos.