El PP descalifica el plan de González para el sector de telecomunicaciones

El Partido Popular pretende rectificar el actual modelo audiovisual de España y reconstruirlo sobre bases distintas. Cuatro dirigentes y parlamentarios del mismo, encabezados por Javier Arenas, dibujaron ayer los planos de un nuevo edificio en el que se haga desaparecer el concepto de la radio y de la televisión como servicio público y, por tanto, la necesidad de obtener la concesión del Gobierno para gestionar emisoras. Tales propuestas se produjeron en el contexto de una dura descalificación de la política de telecomunicaciones anunciada por el presidente del Gobierno, Felipe González, hace ...

El Partido Popular pretende rectificar el actual modelo audiovisual de España y reconstruirlo sobre bases distintas. Cuatro dirigentes y parlamentarios del mismo, encabezados por Javier Arenas, dibujaron ayer los planos de un nuevo edificio en el que se haga desaparecer el concepto de la radio y de la televisión como servicio público y, por tanto, la necesidad de obtener la concesión del Gobierno para gestionar emisoras. Tales propuestas se produjeron en el contexto de una dura descalificación de la política de telecomunicaciones anunciada por el presidente del Gobierno, Felipe González, hace exactamente un mes.

Los planes liberalizadores del jefe del Ejecutivo fueron valorados por los populares como un intento de "seguir controlando las telecomunicaciones y los medios de comunicación". Prueba de ello sería la negativa gubernamental a crear organismos independientes que garanticen la neutralidad en la regulación de las telecomunicaciones y en el sector audiovisual.Los cerebros populares han alumbrado una pieza de especiales características para conseguir esas garantías que echan de menos en los planes del Gobierno: se trata de organizar una "Comisión Nacional del Audiovisual", que ha de depender de las Cortes y no del Gobierno. Éste órgano tendría el encargo de "autorizar, que no de conceder", las televisiones en España, frente a la pretensión gubernamental de mantener esa competencia en manos del Ministerio de Obras Públicas.

La "Comisión Nacional" ideada por el PP se vería escoltada por una nueva ley general del sector audiovisual, con la cual el PP pretende sustituir o condicionar las normas producidas por sucesivos Gobiernos de UCD y del PSOE, entre 1980 y 1992. Es decir: el Estatuto de RTVE y las leyes de televisiones privadas, del tercer canal, de televisión por satélite y, parcialmente, la ley de ordenación de las telecomunicaciones.

Esa ley general audiovisual afectaría también a los canales autonómicos. Para el PP, lo importante es impedir que dichos canales sean gestionados sólo por las comunidades autónomas, abriendo así la vía a la privatización de algunos de ellos.

Todos esos detalles, más la advertencia de que la oposición va a vigilar con lupa la concesión de la segunda licencia de telefonía móvil -formulada por el diputado Jesús Posadas- constituyeron el cuerpo central de una comparecencia destinada a replicar la citada conferencia de prensa de Felipe González.

Uno de los diputados populares, Felipe Camisón, ironizó sobre la actitud del Gobierno: sin haber llegado a copiar el programa del Partido Popular, el Ejecutivo sí se ha "adherido" al mismo, al haber abandonado la idea de mantener el monopolio de la compañía Telefónica.

Pero esa "adhesión" atribuida al Ejecutivo respecto del PP no fue óbice para que Javier Arenas vapuleara verbalmente a González, de quien predicó que pretende "meter a España en la segunda velocidad de la Unión Europea"; y para que la diputada Ana Mato completara, la faena, calificando de "lamentable", "decepcionante" e "impropia de un presidente de Gobierno" la tan mentada conferencia de prensa del jefe del Ejecutivo.

Varapalo a Telefónica

Horas después, el Gobierno anunció una próxima presentación pública de proyectos en materia de telecomunicaciones, en la que el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, asumiría el protagonismo principal.Los ataques del PP contra Felipe González se mezcláron con la enumeración de un catálogo de propuestas, interpelaciones y preguntas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la televisión por cable, el PP sostiene una postura favorable a conceder "un alto grado de competencias" a los ayuntamientos para dar las autorizaciones necesarias, al tiempo que se niega a dar primacía a la compañía Telefónica en las futuras operaciones de televisión por cable.

Por su parte, el diputado Felipe Camisón dudó de que la Telefónica se encuentre preparada para los cambios que se avecinan. Aseguró que dicha compañía figura "a la cola del mundo" en el índice de llamadas por empleado: tiene demasiada plantilla, explicó, "sobre todo en los escalones altos, para un tráfico telefónico que no ha crecido proporcionalmente".