"El Gobierno amenaza la recuperación"

Ha dejado de ser la cara nueva del Partido Popular para convertirse en la imagen asociada a las explicaciones y propuestas económicas de la principal fuerza de la oposición. Cristóbal Montoro, de 44 años, catedrático de Economía Aplicada, lleva el peso de las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En esta conversación explica las razones para oponerse a las cuentas del Gobierno.Pregunta. Su oposición a los presupuestos es frontal, un año más. ¿Tanto separa su concepción de la del Ejecutivo?

Respuesta. El proyecto es una huida hacia adelante, la continu...

Ha dejado de ser la cara nueva del Partido Popular para convertirse en la imagen asociada a las explicaciones y propuestas económicas de la principal fuerza de la oposición. Cristóbal Montoro, de 44 años, catedrático de Economía Aplicada, lleva el peso de las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En esta conversación explica las razones para oponerse a las cuentas del Gobierno.Pregunta. Su oposición a los presupuestos es frontal, un año más. ¿Tanto separa su concepción de la del Ejecutivo?

Respuesta. El proyecto es una huida hacia adelante, la continuidad en el error. El Gobierno no hace sus deberes, que son apoyar la recuperación económica, garantizar su duración y facilitar su influencia intensiva en creación de empleo. La clave es la recuperación de la confianza de inversores y consumidores para dejar atrás una crisis atroz, que nos ha costado 850.000 empleos destruidos en tres años y la desaparición del 20% de las empresas. Para eso se necesita un presupuesto austero en el gasto, que no eleve la presión fiscal y tenga capacidad de reducir el déficit. El Gobierno hace lo contrario, insiste en lo que sabe hacer, gastar y despilfarrar y aumentar la presión fiscal. Es una amenaza para la recuperación porque va a producir más inflación y va a presionar al alza los tipos de interés.

P. El PP presenta más de un millar de enmiendas, con la pretensión de reducir el gasto público en medio billón, impedir la subida del IVA y mejorar prestaciones sociales. ¿No estamos ante la cuadratura del círculo?

R. Lo que no se puede es presentar el bienestar social de los españoles como resultante de la deuda y del déficit públicos, cuando éstos en realidad amenazan la recuperación. Nosotros no recortamos gasto social, sino, al contrario, queremos subir un poco las pensiones menos favorecidas. Con un presupuesto total de 30 billones de pesetas, es posible recortar un 20% de gastos de funcionamiento de las administraciones públicas y ahorrar 200.000 millones. También reclamamos una reducción drástica de altos cargos para volver a la estructura de 1982, que los socialistas han hinchado hasta el extremo. La Administración no puede ser un refugio para políticos.

P. Pero si los altos cargos se sustituyen por funcionarios, también hay que pagarles. ¿Donde está el ahorro?

R. Hay un ahorro importante en la supresión de organismos inútiles. Cuando se suprime un alto cargo se elimina una cantidad importante de gasto, de parafernalia vinculada a ese carácter de alto cargo, no a la función que cumple. Hay que profesionalizar la Administración y acabar con el refugio para políticos con carné. Otro gran bloque de ahorro posible es la reducción de transferencias a las empresas públicas, que se eleva a un billón de pesetas. Hay que introducir disciplina en el sector público empresarial. Los intereses de la deuda suman ya tres billones, el 5% del producto interior bruto, mientras la inversión directa prevista es de 1,3 billones y esa es una situación muy peligrosa.

P. ¿Cuando hablan de ahorro, de dónde salen los cálculos? El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, cifra la aceptación de las enmiendas del PP en un billón más de gasto para el Estado.

R. Nos basamos en estudios rigurosos y en el seguimiento del empleo de recursos en las Administraciones públicas. En determinados organismos autónomos se ahorra, cuando hay voluntad de hacerlo, hasta el 50% en material y gastos de transporte, luego se puede hacer. En cuanto a las afirmaciones de Solbes, el Gobierno ya dijo algo parecido el año pasado y le pedimos que enviara sus documentos y sus cálculos al Parlamento. Aún estamos esperando.

P. Otra gran pata de sus enmiendas es aumentar ingresos para reducir el déficit. Proponen doblar los ingresos por privatizaciones, de 300.000 a 600.000 millones. Pero la colocación de Repsol la ha tenido que aplazar el Gobierno por la caída de la Bolsa. ¿No es el suyo un planteamiento puramente voluntarista?

R. Algo tiene que ver el Gobierno con la situación de la Bolsa. Cuando se hace una política favorecedora de los tipos de interés bajos, la Bolsa sube, y al contrario. Nuestra cifra no es nada alta. Privatizar otro tramo de Repsol aporta entre 200.000 y 250.000 millones de pesetas, luego hay un amplio margen. Pero debe quedar claro que el objetivo prioritario de una política de privatición no es conseguir recursos para gastar más o amortizar deuda, o es vender las joyas de la abuela, sino racionalizar la presencia de las empresas en el mercado. Sectores como transnortes, comunicaciones, energía y financiero pueden y deben abaratar la factura que pasan al conjunto de la economía.

P. La tercera pata es la oposición a la subida del IVA para compensar la reducción de cotizaciones sociales. Ustedes han reclamado mucho la bajada de esas cotizaciones.

R. Y queremos que se bajen más, este año punto y medio, en vez del punto que propone el Gobierno, pero sin subir el IVA. La potencial pérdida de recaudación debe absorberse por la vía del crecimiento económico, si es que nos lo creemos. Si estamos en una recuperación, aumentará la recaudación. Quiero decir que si el Gobierno prevé para el año próximo un 3% de crecimiento, la previsión de ingresos que hace se queda muy corta, ha escamoteado recaudación en los presupuestos. Así se garantiza un aumento encubierto de presión fiscal.

P. ¿No incurren ahora en una manifiesta contradicción? Hasta hace meses negaban la recuperación.

R. En absoluto. Hemos hablado con claridad de un cambio de coyuntura económica, después de una crisis que ha dejado secuelas tremendas. Lo que pasa es que el cambio se basa en una caída de tipos de interés provocada por la falta de demanda de crédito y en la ganancia de competitividad que han supuesto las sucesivas devaluaciones, un procedimiento que nuestros socios europeos no nos van a permitir en el futuro. Ese cambio, por tanto, es frágil y está amenazado además por la crisis política. Los sucesivos casos de corrupción y la forma de gobernar, siempre con apoyos condicionados, ponen en duda la recuperación de la confianza. La pregunta es si puede haber una recuperación económica sólida con una crisis política.

P. ¿Pero estamos o no en una fase de recuperación?

R. Si admitimos el cuadro macroeconómico del Gobierno, lo que hay que decir es que los presupuestos afectarán negativamente la recuperación por la vía de más inflación y más altos tipos de interés, y además subiendo los impuestos. Pensar que nos va a venir de fuera la recuperación que no consigamos desde dentro es un sueño.

P. ¿No aprecia, al menos, una voluntad de controlar más la ejecución de los presupuestos?

R. No, por la sencilla razón de que las garantías son las mismas que el Gobierno se ha saltado sistemáticamente hasta ahora. Luego no hay ninguna garantía. Las ventanas por las que se escapa el gasto público siguen abiertas. En 1994 la desviación del gasto cercana al medio billón, según cifras oficiales. Sin contar con las correcciones a posteriori del Tribunal de Cuentas, que en algunos ejercicios llegan al billón de déficit encubierto.

P. La credibilidad de la oposición también se mide por su gestión allí donde gobierna. ¿Un caso como el de Biomédica en Castilla y León no pone en duda sus propuestas de política industrial y política económica?

R. No conozco a fondo el caso, y la Junta de Castilla y León se ha comprometido a explicarlo. Lo que yo puedo decir es que donde gobierna el PP, dentro de los márgenes de cada Administración, se reduce el dé5cit, sea el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad de Castilla y León. Las cifras son incontestables y el crecimiento es mucho mayor que la media, sea en Castilla y León o en Baleares, porque hay confianza derivada de una política económica seria y de un rigor presupuestario. Allí donde gobernamos somos coherentes con nuestros programas.