Argumentos contra una condena
Juan Hormaechea se rodea de documentos y argumentos para defender la injusticia que, en su opinión, supone la condena a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación que le ha impuesto el Tribunal Superior de Cantabria.Hormaechea, tras recalcar que no le ha condenado un tribunal, sino dos de los tres jueces de la sala, toda vez que el magistrado José Redondo discrepó en un voto particular del contenido de la sentencia, aduce que la publicidad que remitió a diversos medios de comunicación para descalificar a sus adversarios era "el único medio" que tenía para defenderse de los ataques que recibía. E...
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Juan Hormaechea se rodea de documentos y argumentos para defender la injusticia que, en su opinión, supone la condena a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación que le ha impuesto el Tribunal Superior de Cantabria.Hormaechea, tras recalcar que no le ha condenado un tribunal, sino dos de los tres jueces de la sala, toda vez que el magistrado José Redondo discrepó en un voto particular del contenido de la sentencia, aduce que la publicidad que remitió a diversos medios de comunicación para descalificar a sus adversarios era "el único medio" que tenía para defenderse de los ataques que recibía. Estos remitidos, con un coste no superior a los dos millones de pesetas, fueron pagados con dinero público, y por esta causa, el dimitido jefe del Ejecutivo regional ha sido condenado por malversación a seis años y un día de cárcel y a siete años de inhabilitación absoluta.
Hormaechea aduce que frente al gasto de dos millones que supusieron los remitidos para las arcas autonómicas su gestión ha ahorrado cifras muy superiores al erario de la Diputación, por ejemplo, en cuestiones de seguridad. Hormaechea no tiene escolta y sólo cuenta con un chófer. Tales medidas, según él, han supuesto más de 300 millones de ahorro.
Respecto a la segunda condena contra él -siete años de inhabilitación especial por prevaricación por la adjudicación arbitraria a la empresa Oyprocansa de la confección y colocación de carteles propagandísticos de todas las obras en la comunidad-, Hormaechea indica que la ley de contratos del Estado le permite adoptar en circunstancias "excepcionales" la adjudicación directa de obras y que una posterior ley regional deja en manos del Gobierno autónomo la decisión de esa excepcionalidad.
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